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Iguales ante la Ley… ¿Será?

 

Mientras en días pasados la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) encabezada por Basilio González Núñez, quien percibía un salario neto de $173 436.00  mensuales(algo así como 2 mil 474 salarios mínimos) anunciaban con bombo y platillo que este emolumento registraría un aumento de $7.00, sí, de siete pesos, para llegar a $80.04 pesos por jornada laboral, la Secretaría de Hacienda había reportado un aumento en la deuda de los Estados del 70.3 por ciento; es decir, la deuda de las entidades establecida en 314 mil millones de pesos registró un adeudo extra de 221 mil millones de pesos, quedando así en un total de 535 mil millones de pesos dicha deuda.

 

Todo hace indicar que este incremento en las deudas estatales es consecuencia también de las malas, por no decir, pésimas administraciones gubernamentales que han encabezado a diversas entidades federativas. Hasta el momento se reportan 14 estados de la República que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), están siendo investigadas a fin de deslindar responsabilidades por el aparente mal manejo del erario.

 

Es evidente que los nombres o entidades más mencionadas por esta situación son los de Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, a quien se le reporta una afección a las arcas estatales por alrededor de 38 mil millones de pesos. En esta lista también aparece el nombre de Guillermo Pdrés Elías, ex gobernador de Sonora y de quien reportan una malversación de recursos estatales por alrededor de 30 mil millones de pesos, de igual manera está el otrora gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo a quien se le investigas por el supuesto desvío de 25 mil millones de pesos, mientras que César Duarte Jáquez se le responsabiliza por el mal manejo de 7 mil millones de pesos.

 

Pero no son sólo ellos los que están en el ojo del huracán y en la mira de la ASF, sino que hay otros tantos ex primeros mandatarios estatales quienes de igual forma que los anteriores traen cuentas pendientes con la ciudadanía: Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Díaz, ambos de Tamaulipas; Jorge Herrera Caldera de Durango, Ángel Aguirre Herrera del Estado de Guerrero, Marcelo Luis Ebrard Casaubón del DF (actualmente CDMX), José Jesús Reyna García de Michoacán, Humberto Moreira Valdés de Coahuila, así como Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo y Andrés Granier Melo del estado de Tabasco.

 

De acuerdo al nuevo sistema penal, estos personajes “son inocentes”, en tanto no se les demuestre su responsabilidad como posibles partícipes en los delitos en los que pudieron haber incurrido y que bien podrían ser los de: enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal, fraude, operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, lavado de dinero y/o delincuencia organizada.

 

Y bajo este concepto, es en donde entra una mayor zozobra entre la ciudadanía “de a pie”, quienes de por sí externan una total y absoluta desconfianza en las autoridades correspondientes para la impartición de justicia y, consecuentemente, no se les podría pedir y mucho menos exigir que tuvieran confianza en sus autoridades.

 

Pese a ello, sólo habrá una manera de revertir este sentir ciudadano y se llama “certeza jurídica”, pues en la medida en que se lleve a cabo ésta, la ciudadanía empezará, aunque poco a poco, a retomar la confianza.

 

En pocas palabras y con una frase popular definiríamos esto: “hechos, no palabras”.

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