CONSTRUCCIONES DERRUMBADAS VIOLACIÓN A LA VIVIENDA DIGNA

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El representante Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unida para la Reducción del Riesgo de Desastres Robert Glasser, declaró: “los sismos no matan, lo que provoca la muerte son los edificios mal construidos… Si un edificio fue construido para resistir terremotos, de acuerdo con las estándares apropiados, entonces cuando el mismo sucede no se convierte en un desastre, el desastre es el resultado de la interacción del fenómeno natural y las personas en estado vulnerable”. De manera lastimosa el temblor del pasado 19 de septiembre, no solo actualiza las declaraciones del funcionario de la ONU, sino que desnudó las entrañas de la manifiesta violación del derecho a la vivienda digna.

El derecho a la vivienda digna es un derecho humano, regulado en el artículo 4° constitucional párrafo séptimo, así como en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus características son: 1) universal; 2) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; 3) para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; 4) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.

La vivienda digna y decorosa refrenda en sentido de respeto que se debe a las personas, lo que implica que ese espacio en donde la persona desarrolla su vida íntima, ese espacio de refugio del exterior, debe ser construido para proteger a la persona de riesgos estructurales; de acuerdo a la Cenapred: los elementos estructurales son las partes de una construcción que sirven para darle resistencia y rigidez. Su función principal es soportar el peso de la construcción y otras fuerzas como sismos, vientos. O sea que las viviendas, deben ser construidas con la capacidad de proteger a las personas contra sismos, lo que no quiere decir que la vivienda sea indestructible, sino que debe soportar por un lapso de tiempo un sismo, para permitir que sea evacuada o en su caso, permitir que la persona se refugie en un triángulo de vida. De acuerdo a los estándares internacionales las normas de construcción obligan a que las estructuras mantengan una resistencia adecuada para salvar vida, que no es lo mismo a que la estructura sufra daños.

Pero vamos más allá, de acuerdo a diversas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Estado está obligado a verificar dos cosas: 1) que la zona de construcción cuente con un estudio de suelo, para calcular el tamaño y peso de la construcción, pues los cimientos de la vivienda deben concordar con el tipo de suelo; y 2) que se respeten los estándares mínimos de calidad y seguridad en la construcción de las viviendas, ello implica exigir cuentas a las desarrolladoras inmobiliarias, ante el incumplimiento de la normativa –que en zonas sísmicas como México, debe tener altos estándares y cumplirse de forma estricta- puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una vivienda para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, por lo que dicha obligación se hace extensiva a los sectores privado y social que se dedican al desarrollo inmobiliario, toda vez que lo mínimo que deben hacer, a cambio, de lucrar con la vivienda, es cumplir cabalmente la normatividad.

La corrupción, codicia, indiferencia, avaricia, insensibilidad y falta de responsabilidad social, de las autoridades y de las constructoras, puso a las personas en un estado de indefensión, pues sus viviendas no eran seguras, lo que violó no solo el derecho a la vivienda digna sino el derecho a la integridad corporal, y más penosamente, el derecho a la vida de muchas familias mexicanas.

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