TRATO DIGNO AL CADÁVER

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El temblor de pasado 19 de septiembre cobró la vida de más de cien personas; tras los días de búsqueda la esperanza se pierde y el único consuelo es, al menos, recuperar el cuerpo del ser amado, para sepultarlo y despedirse de forma simbólica de esa persona que se fue sin decir adiós. Esta idea se ha recreado en la tragedia griega “Antígona”, drama en el que la protagonista lucha enérgicamente en contra de la orden real de dejar el cuerpo de Polinices en el desierto a la suerte de los perros y cuervos; Antígona –hija de Edipo- desobedece la orden, tras recuperar el cadáver de su hermano procede a rendirle los honores funerarios, pues es una tradición que revela –desde tiempos ancestrales- todo ser humano es la encarnación de un valor intrínseco, que debe ser honrado aún después de la muerte.

Tal parece que la desesperación por “normalizar” la tragedia –lo mismo se ha hecho con la violencia- revive esta antigua tragedia. Las inminentes órdenes de demolición, ignoran la honorabilidad de tratar con respeto al cadáver y atropellan con la pala excavadora y los camiones de volteo la condición inviolable de la persona, esto es su dignidad –que trasciende más allá de la vida. La desesperación por hacer olvidar a la población el trauma y la desolación tras las pérdidas sentimentales y materiales, olvida que es el ser humano quien puede disponer de su cuerpo, de sus órganos y que el cadáver debe ser tratado con dignidad —derivado del valor intrínseco de la humanidad. Este derecho se encuentra regulado en los artículos 320-327 y 346-350 bis de la Ley General de Salud. En virtud de lo anterior el artículo 346 de la Ley General de Salud reza: los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.

Bajo esa tesitura, nadie es propietario de éste, el cadáver puede ser de persona conocida o desconocida. El cadáver de persona desconocida puede ser puesto a disposición de las instituciones dedicadas a la docencia e investigación, que serán depositarias del cadáver durante 10 días para que el cónyuge, la concubino(a) o familiares lo recojan, después de esos días, la institución podrá utilizarlo.

El destino final es la incineración de éste. Si se trata de un cadáver de persona conocida, se solicitará el consentimiento expreso del cónyuge, concubina (o), ascendientes, descendientes o hermanos o la expresión de voluntad por escrito del disponente (la persona que en vida dispone de su cadáver) para que el cadáver sea donado al Banco de Cadáveres cuyo fin es la docencia e investigación –Facultad de Medicina de la UNAM recientemente fundó el suyo, debido a que si bien el cadáver no es propiedad de nadie se puede disponer del mismo o de las partes que lo integran únicamente para los fines establecidos.

De igual forma, la ley estipula que se debe de contar con el consentimiento expreso del cónyuge, la concubina(o), ascendientes, descendientes, etcétera, para efectuar la necropsia, a menos de que lo ordene la autoridad judicial o el Ministerio Público. La vuelta a la realidad, así como la protección de la salud no es un obstáculo para cumplir con este derecho. Es lamentable ver escenas de personas que solo desean encontrar el cadáver de su familiar, y frente a ese sufrimiento el fantasma de la burocracia arropado por el frenesí de “normalizar el duelo y el trauma de la población” laceren este derecho. No es posible que la honorabilidad de un ser humano, su valor intrínseco –posmortem- sean aplastados por la maquinaria, que sus cuerpos sean destrozados por éstas, y que nunca sean honorados con el rito funerario, que su familia con amor llevaría a cabo. Una vez la indiferencia lastima la dignidad no solo de las personas fallecidas sino de sus seres queridos. En el eterno retorno del Quinto Sol, la tragedia de Antígona se repite.

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