EDITORIAL JURÍDICO

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EL SUPUESTO APOCALIPSIS DEL ESTADO DE DERECHO.

“Entre broma y broma, la verdad se asoma”

Refrán popular.

Los mexicanos hemos sido testigos de cómo merced a la revolución tecnológica de nuestro tiempo, hoy se abordan con gran frivolidad temas que implican una especial estructura cognitiva sin el menor rigor científico. Si bien saludamos la posibilidad de que los espesos muros del Derecho puedan ser explorados por la mayoría de las personas y somos enfáticos en señalar que no comulgamos con la petulante idea de que el Derecho sea una ciencia sólo para iniciados, también creemos que diseminar información a través de las redes sociales lleva implícita una responsabilidad social en cuanto a su debido y correcto abordaje metodológico, de tal suerte que existe el riesgo de dar por ciertas afirmaciones que no tienen sustento, que rayan en lo absurdo y que se propalan al amparo del anonimato informático.

Una de estas es la surgida recientemente y que se refiere a que la falta de titulares en las fiscalías general de la república, en anticorrupción y la de delitos electorales, respectivamente, implica violentar el Estado de derecho de nuestro país. Por lo anterior nos permitiremos efectuar un breve análisis jurídico del concepto antes referido, previo a efectuar una serie de razonamientos prácticos:

El maestro Ferrajoli se refiere a Estado de derecho invocando a Norberto Bobbio cuando éste señala que es el gobierno sub-lege o sometido a leyes, o gobierno per-leges, o mediante leyes generales y abstractas. En el ámbito del Derecho penal “Estado de derecho” designa a ambas cosas: el Poder judicial de descubrir y castigar los delitos y por cuanto al legislativo de definir a éstos.

Estado de derecho nos dice, designa no simplemente un “estado legal” o “regulado por la ley”, sino un modelo de estado nacido con las modernas constituciones y caracterizado. En el plano formal surge el principio de legalidad, en virtud del cual todo poder público –legislativo, judicial y administrativo- está subordinado a leyes generales y abstractas, que disciplinan sus formas de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a control de legitimidad por parte de jueces separados del mismo e independientes y en el plano sustancial, por la funcionalización de todos los poderes del estado al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la incorporación limitativa en su constitución de los deberes públicos correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de dar satisfacción a los derechos sociales, así como de los correlativos poderes de los ciudadanos de activar la tutela judicial. Los poderes sin regulación y actos de poder incontrolables relativos no sólo a la forma, sino también a los contenidos de su ejercicio, cuya violación es causa de invalidez de los actos accionables judicialmente y, al menos en teoría, de responsabilidad para sus autores.

En la misma línea de pensamiento el maestro González de la Vega en su acucioso trabajo “Ciencia Jurídico Penal”, -contundente y precisa obra de demolición-, afirma. “Si queremos un Estado de Derecho, finalmente estructura de racionalidad pura, basado en los conceptos jurídicos fundamentales, conviviendo con la dinámica democracia, fundado en una igualdad absoluta y decididamente, y en un sentido social de lo público, que impone al poderoso-políticamente-obligaciones de hacer para lograr auténticos disfrutes de los derechos más elementales, a menester traer al rígido normativismo jurídico la necesaria ductilidad de lo razonable; el puro deber ser que plantea el Derecho, cuando no se conjuga con lo posible, se troca en utopía y entonces alienta el autoritarismo”.

En este marco conceptual es procedente preguntarnos si la designación pendiente de los titulares en instituciones que aún no existen, sumado a la de otro más que en los hechos históricamente nunca ha influido en los procesos democráticos de nuestro país, son verdaderas causas de afectación al Estado de derecho.

Por lo que hace a la esperada Fiscalía General de la República, advertimos desde ahora que tendrá las mismas facultades con las que actualmente cuenta el Ministerio Público de la Federación, al margen que se invoque una supuesta y novedosa autonomía, y al respecto desde ahora aún a riesgo de causar depresión en algunos de sus promotores, lamento informarles, sin ingenuidades pero con absoluto rigor científico, que al día de hoy en estricto apego al marco jurídico existente que por cierto también le aplicará a la pretendida Fiscalía General de la República, el Ministerio Público sólo puede atenerse a lo señalado por la ley y no a las órdenes del Ejecutivo.

En lo que respecta a la infalible Fiscalía Anticorrupción a la que pretenden equipar con capa de superhéroe, ésta no podrá estar en otra institución que no sea la que conduce el Ministerio Público y atenderá los mismos temas que hoy ocupan a la Visitaduría General, a las Fiscalías de delitos cometidos por servidores públicos y en su caso algunos temas de los Órganos Internos de Control. Huelga decir que no hubo una incorporación de nuevos tipos penales como ocurrió en 1982 y que tendrá que atenerse al mismo procedimiento penal que se acaba de instaurar para todos los delitos. Delitos por cierto, que no traen aparejada prisión preventiva oficiosa.

Finalmente, la que coloquialmente conocemos como la FEPADE al margen de las expectativas mediáticas que generó su último titular, en la práctica no recordamos el procesamiento y condena de persona alguna a quien se le haya atribuido la comisión de delitos electorales que hubieren incidido en el resultado de las elecciones de nuestro país, es más si revisamos los números de sus consignaciones advertimos que son meramente marginales y que éstas en su gran mayoría están vinculados a personas que “cometieron peligrosísimas conductas”, asociadas a que tramitaron y obtuvieron ilícitamente credenciales de elector para verse beneficiados por programas sociales, tales como despensas, leche, láminas, tinacos, o dinero para madres de familia, o adultos mayores. Delitos que tampoco traen aparejada prisión preventiva oficiosa.

Cabe destacar que prácticamente en todo el país estas fiscalías “invernan” cuando no hay procesos electorales, es decir los delitos denunciados se atienden en direcciones de investigaciones de línea de las procuradurías o fiscalías locales y únicamente cuando inician los procesos electorales locales se nombra a su titular y mandos, bajando así los costos de dichas unidades especializadas, medida que recordamos también fue tomada en su momento en el ámbito jurisdiccional federal y que a la luz todo lo que ha sucedido en este tema no suena nada irracional.

Por todo lo anterior nos parece que esta caterva de corifeos de la autoproclamada sociedad civil, que anuncian la llegada del apocalipsis del Estado de derecho en México por no haber nombrado a sus favoritos, están influidos por razones alejadas de cualquier preciosismo legal o de rigor institucional, que no sea conseguir chamba para ellos, o para sus compromisos inconfesables.

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2 Comentarios

  1. Augusto del Pino Estrada dice:

    Los conceptos aquí vertidos, están debidamente fundamentados en los principios generales del derecho y en el conocimiento de la ciencia jurídica que permite realizar análisis veraz de los conceptos relacionados y que deberían ser dados a conocer a la opinión y a los medios de comunicación masiva que les serviría para tener y dar opiniones mas ciertas que puedan aportar algo benéfico y no falso, intrascendente y nocivo

  2. julio contreras dice:

    Comparto totalmente lo expuesto con esa pluma tan fina que, sin tanta retórica, con sencillez expone los puntos torales de su discurso, es un placer leer este editorial felicidades.

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