DERECHO A LA INTIMIDAD

Por:

hacia una cultura de la legalidad

El derecho a la información, es un derecho humano, porque tutela un interés vital para el individuo y la sociedad, reconocido constitucionalmente en el artículo 6°, tiene dos aspectos: libertad de informar y libertad de estar informado; el primero se hace patente en el derecho a la libertad de expresión, libre manifestación de las ideas; y el segundo aspecto se proyecta en el libre acceso a la información neutra, plural, objetiva, veraz y oportuna, que también se traduce en buscar, difundir, recibir, resguardar información, acciones que dicho sea de paso caracterizan a la sociedad del conocimiento. Dicho derecho va de la mano con el derecho de petición, pues los servidores públicos están obligados a dar informes sobre su gestión, de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, que vela por el cumplimiento de los códigos éticos de los servidores públicos, en aras del bien común.

 

Pero el derecho a la información también potencia y propicia otros derechos fundamentales como: el derecho a la intimidad, el derecho al sufragio activo y pasivo, el derecho a la verdad, el derecho a la libre investigación, entre otros. Este derecho fue reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con la reforma constitucional de 1977 fue reconocido en México. En 2000 la Suprema Corte de Justicia de México lo reconoció como una garantía individual; así mismo la reforma constitucional de 2011 le otorgó la calidad de derecho humano.

Las reformas constitucionales de 2014 y 2016 lo fortalecieron y le dieron mayor operatividad, al elevar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a organismo autónomo constitucional con facultades para clasificar información y garantizar el acceso a la misma; y por otro lado la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción que garantiza el actuar honrado y transparente de los servidores públicos y de aquellos particulares que tienen acceso a recursos públicos, lo que tiende a fomentar la democracia y la cultura de la legalidad.

La transparencia es piedra fundamental para construir la cultura de la legalidad, recordando que los principios que constituyen la cultura de la legalidad y que han de articularse entre sí como elementos de las prácticas de los miembros de un Estado para asegurar el orden legal y social son: 1) La cooperación de los ciudadanos —personas y sociedades civiles— con las autoridades y el respeto de los derechos de los demás; 2) el interés por las normas jurídicas básicas y el conocimiento de las mismas; 3) el respeto efectivo de las normas jurídicas; 4) el rechazo y la condena de los actos ilegales; y 5) la colaboración ciudadana con las dependencias del sistema de procuración de justicia.

Se han pregonado muchas reformas y otros desaciertos legislativos en estos últimos años, pero considero que se le ha dado poca difusión y poca relevancia a las reformas de 2014 y 2016, han mucho camino que recorrer aquí y es tiempo de emprenderlo si queremos una verdadera cultura de la legalidad.

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