Delio Dante López Medrano

  • Doctor en Política Criminal
  • Maestro en Ciencias Penales; Licenciado en Derecho y Licenciado en Piscología
  • Profesor de Posgrado y de licenciatura
  • Autor del libro Derecho Penal
  • Parte General

SUPONIENDO, SIN CONCEDER


Todavía sobre la Ley de Seguridad Interior

Con la aprobación en las Cámaras de la Ley de Seguridad Interior, y aún antes, mucho se ha opinado acerca de la Ley de Seguridad Interior. Hasta donde hemos observado, la mayoría de los críticos de dicha norma han centrado sus preocupaciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, misma que permite la intervención de las fuerzas armadas en la Implementación de Acciones de Seguridad Interior, cuando la seguridad interior se vea amenazada, sea porque las capacidades de las autoridades se vea superada por la amenaza, bien porque la amenaza tenga relación con la falta de colaboración de los Estados o municipios. Situación que ha suscitado innumerables protestas de grupos de las más diversas ideologías o preferencias políticas, incluso análisis académicos.

Este caso de intervención de la Fuerzas Armadas requiere necesariamente una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la ley se dedica a desarrollar el tema, pretende ser clara y específica respecto de cuándo y en qué casos procede, así como su duración y el procedimiento que se debe seguir para que se emita. No creemos que este supuesto sea el problema, es más podemos adelantar que difícilmente estaremos ante una declaratoria de esta naturaleza.

El problema real, no es la emisión de la referida declaratoria, sino el supuesto que contempla la propia ley en donde se establece de forma muy clara, tan clara que parece no ser notada por los críticos y analistas, la participación de las Fuerzas Armadas sin necesidad de Declaratoria. He aquí el detalle en donde se encuentra el demonio.

En efecto, la ley señala “…las Fuerzas Armadas, … implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.” Más claro no es posible, lo subrayo: sin necesidad de Declaratoria.

Esta es la regla que le otorga normalidad a la actuación de las fuerzas armadas en temas de Seguridad pública, pues la Agenda Nacional de Riesgos se construye con base en el Plan Nacional de Desarrollo, mismo del que deriva el Programa para la Seguridad Nacional, que tiene como meta nacional el México en Paz, desde luego el programa señala que la agenda se construye anualmente. Si bien, se supone que el marco conceptual lo otorga la Ley de Seguridad Nacional, en la que se establecen los riesgos, entre los que contempla delitos en contra del Estado y Delincuencia Organizada, los límites siempre serán difusos lo que permitirá a las fuerzas armadas participar en temas relacionados con la investigación de delitos, no necesariamente los relativos a la delincuencia organizada pues estos tienen muchas ramificaciones, lo que en conclusión permitirá a la fuerzas armadas actuar de manera rutinaria en materia de seguridad pública, lo que en sí es un riesgo para la seguridad, no pública sino de todos nosotros.

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