EDITORIAL JURÍDICO

LA CRISIS DE LAS PRISIONES: UNA ASIGNATURA PENDIENTE.

“Toda prisión tiene su ventana”.
Gilbert Gratiant

Los temas referidos a la prisión y a la reinserción social del delincuente han sido sin lugar a dudas, los puntos en los que se fincan las más acendradas críticas respecto de la eficacia del Derecho penal como instrumento dirigido a resolver de fondo, los conflictos que surgen como resultado de la comisión de conductas que alteran el orden social. En este sentido, es necesario tratar de determinar cuál es la función de la pena, sí es que la misma tiene alguna, que nos lleve a la lectura de la crisis de la prisión surgida conceptualmente a partir de los años sesentas que establece tres aspectos en su concepción.

La que se refiere a una visión “ingenua” de la pena de prisión, como medida para restablecer el orden social que defiende la idea del progreso permanente y de la civilización, que a su vez considera adecuados los principios en los que se base el Derecho penal, en donde la pena debe ser “justa y útil” atendiendo a que sólo una minoría de quienes componen el “Contrato Social” es la que realiza conductas inadecuadas y desviadas. Sin embargo esta visión no corresponde a la realidad sociológica del mundo que revela el incremento inusitado de conductas antisociales, para las cuales la pena no alcanza ninguno de los objetivos a que se refieren los estados democráticos, por el contrario, lo único que ha generado ha sido el tener grandes poblaciones penitenciarias las cuales cuando alcanzan su libertad nuevamente reinciden en conductas delictivas.

También existe la visión del “fracaso”, la cual afirma que la cárcel como pena sólo ha generado impunidad, pues ésta alcanza a nivel internacional porcentajes incluso por encima del 90%, lo anterior sin tomar en consideración la denominada cifra negra que se interpreta como todos aquellos delitos que no son denunciados ante la autoridad. Esta visión afirma en términos generales, que los objetivos de la pena no se han alcanzado trátese de países pobres o ricos y que no existe, no ha habido y nunca habrá la readaptación social del delincuente en ninguna parte del mundo.

Finalmente, también existe la visión o lectura del “éxito”, entendido éste en el sentido de que el sistema de reacción penal para lo único que ha servido ha sido para garantizar las funciones latentes del Estado, referidas éstas al control social de los medios y modos de producción mediante el sometimiento de la clase proletaria para garantizar el capital, visión impulsada por la criminología crítica.

Desde nuestro punto de vista la pena debe atender a un sentido criminológico y no sólo a uno de carácter legal. En donde se atienda a nuevas consideraciones, en términos del propio sistema de enjuiciamiento penal que se aplique, es decir que la pena de prisión sea el último recurso del Derecho penal y que distinga al individuo no sólo por el contenido y alcance de la conducta desplegada, sino a los efectos y peligrosidad que ésta represente para la sociedad.

Los norteamericanos desde la época de los 70,s abandonaron la ruta de la readaptación social y optaron por la vía de la función general de la pena, como medida intimidatoria para la sociedad manteniendo vigente la pena capital, ello acompañado de un amplísimo sistema de seguimiento post-penitenciario que regula el robusto programa de libertades anticipadas que utilizan, con ello no pretendemos afirmar que ese sea el mejor sistema, pero finalmente ellos tienen muy claro sus alcances y limitaciones, en cambio en México hace 9 años decidimos migrar a un sistema de enjuiciamiento penal que pretende parecerse al norteamericano y que en la práctica es un híbrido que presenta graves problemas estructurales fundamentalmente porque no acudimos a la aplicación de todas las instituciones que conforman aquel, dicho coloquialmente, mandamos construir un caballo y resultó ser un camello el cual el día de hoy sus diseñadores de gabinete no pueden vender a la sociedad.

Por lo cual resulta urgente que construyamos una adecuada y sensata regulación que determine quién será sujeto de la prisión preventiva, así como para aquellos que tengan que someterse a la prisión como pena impuesta pero que puedan ser susceptibles de obtener beneficios de libertades anticipadas. En paralelo deberán instrumentarse acciones directas encaminadas a que la autoridad tenga pleno conocimiento de la actividad que desarrollan los individuos que han obtenido dichas libertades anticipadas, debiendo la vigilancia de la autoridad ser efectiva y encaminada a garantizar que el liberado se conduzca en términos de las obligaciones que le impone la ley, por lo cual en dicha actividad deberán concurrir los sectores sociales del país a fin de corresponsabilizar a la sociedad para la reinserción al aparato productivo de aquéllos que tuvieron la desgracia de verse involucrados en el drama penal.

El tema no admite improvisaciones, ocurrencias o titubeos institucionales, ya que la experiencia nos muestra los graves efectos que generan los casos de motines y fugas de los centros penitenciarios, por ello al igual que en otros tremas que hemos abordado en este espacio editorial, reiteramos la necesidad de contar con una política criminal que nos permita definir que ruta vamos a seguir en el tema de las prisiones. No podemos seguir padeciendo el complejo de Penélope, que desteje de noche lo que teje de día, realizando esfuerzos durante todo un sexenio para incrementar la capacidad penitenciaría y después de un plumazo vaciar las prisiones para quejarnos de ello, cuando antes los que hoy gimotean por tener los delincuentes en las calles, eran los principales promotores de tales acciones incorporados en el modernismo penal, sin asumir al día de hoy responsabilidades por su falta de visión y previsión a sabiendas de lo que se avecinaba.

Nadie afirma que la prisión sea la mejor solución para el problema de la criminalidad, sobre todo para aquella que afecta a la seguridad pública y a la seguridad nacional, pero tenemos que reconocer que tampoco al día de hoy alguien ha descubierto una nueva, mejor, legal y real solución para enfrentar a la violencia y a la impunidad.

Es indudable que hay personas que no merecen estar en prisión aún y cuando sean responsables de la comisión de un delito, por lo que tenemos que distinguir entre los violentos y peligrosos de aquellos que no lo son, por ello resulta urgente la refundación del sistema penitenciario que desde ahora advertimos no se resolverá únicamente con la aparición de los jueces de ejecución de sentencias.

Sí los mexicanos ya determinamos migrar a un modelo diferente de reacción penal, asumamos con valor y responsabilidad las medidas integrales para que éste funcione adecuadamente, no sigamos actuando por estertores y ocurrencias de las cuales después nos arrepentimos, al modo de aprendiz de brujo, sin saber cómo remediar lo mismo que causamos.

Para muchos ciudadanos existe una máxima que reza “Si el infierno existe, debe ser muy parecido al penal de Barrientos”, por lo cual será necesario que eliminemos esa multiplicidad de avernos que existen a lo largo y ancho del país, pero actuemos responsablemente bajo una planeación estratégica que evite que sea peor el remedio que la enfermedad.

 

thumb_up ¿Te gusta el contenido? Compártelo en tus redes sociales.

2 Comentarios

  1. Gerardo Villanueva dice:

    Muy acertado su punto de vista el cual comparto. Se debe se asumir sin titubeos la refundación del sistema penitenciario con objetivos reales y alcanzables de acuerdo no solo a la gravedad del delito, sino también poniendo especial atención a las características del infractor.

  2. julio contreras dice:

    Excelente visión crítica de los males que redundan en nuestro sistema penitenciario, así como de las proclamas mediáticas de algunos agentes politicos, pues lo necesario es plantear esa revisión que se apunta, tenemos que llegar a un modelo genuino para nuestra problemática, es importante que se toquen estos temas en un editorial como éste.

Danos tu opinión

Campos marcados con *son obligatorios, su correo no sera publicado.