LA AMNISTÍA Y LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Por:

“Lo innecesario aunque cueste sólo un céntimo es caro.”
Séneca.

En las últimas horas han surgido numerosas veces en sentidos opuestos respecto de la pertinencia o no, de aprobarse una pretendida Ley de Seguridad Interior a la que tanto sus críticos como sus promotores le pretenden otorgar más valor del que realmente pudiera llegar a tener en caso de que finalmente fuera concretado el proceso legislativo en el Senado de la República.

En ocasión pasada en este mismo espacio editorial ya nos habíamos referido al tema relativo a la Ley de Seguridad Interior, señalando de manera categórica que el actual marco normativo permite a las fuerzas armadas bajo ciertas circunstancias y mecanismos concretos participar en actividades tendientes a prevenir delitos, así como auxiliar a la autoridad competente en la investigación de estos, opinión sustentada en un análisis sistemático de diversos dispositivos legales vigentes y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde la época de los noventas del siglo pasado así lo reconoció, por lo cual reiteramos que afirmar que las fuerzas armadas no tienen facultades para realizar tareas de seguridad ciudadana y que debemos esperarnos hasta que se promulgue una Ley de Seguridad Interior es un falso debate totalmente rebasado.

Por lo anterior y atento a que es muy posible que el proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados no camine en el Senado de la República, nos parece ocioso hacer un análisis jurídico de la pretendida Ley, que sí llega a aprobarse seguramente tendrá modificaciones en su contenido y será diferente a la que fue discutida por los diputados, lo anterior sin contar que la misma estará deslegitimada desde su nacimiento merced de las múltiples críticas y señalamientos que se le han formulado por diversos sectores incluidos los internacionales, valga señalar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a México rechazar la Ley de Seguridad Interior, aduciendo que se corre el riesgo de que sus normas se puedan aplicar de formar amplia y arbitraria, y que la misma quitaría el aliciente a las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en cuanto al fortalecimiento de los cuerpos de policía.

Si bien no compartimos el punto de vista catastrofista de tales actores, también es cierto que es una ingenuidad pensar que los problemas de la criminalidad y el cuestionamiento a las fuerzas armadas se resolverán con la pretendida Ley. El primero sólo se atenderá con políticas públicas aplicadas de manera integral a todas las fases del sistema de reacción penal al amparo de un programa rector en la materia y el segundo con una actuación sin excesos por parte de quien efectúen detenciones, finalmente las acusaciones en contra de los servidores públicos pertenecientes a las fuerzas armadas no versan en cuestionar su intervención, sino a la manera en que ésta se realiza, estando ciertos que cualquier exceso o abuso debe sancionarse, sin embargo irnos al extremo de buscar provocar una inactividad de las instituciones que tienen las capacidades tácticas y estratégicas para enfrentar al crimen organizado es una perversión, tanto como afirmar que es posible resolver el fenómeno de la violencia en México mediante una amnistía construida en favor de los líderes de las organizaciones criminales de nuestro país. Seamos claros, es tan absurdo pensar que con Ley o sin Ley de Seguridad Interior podemos dejar a las fuerzas armadas al margen de la lucha contra la delincuencia organizada, como afirmar que el problema de la violencia en México se resuelve perdonando a los líderes del narcotráfico y sus sicarios.

Estamos convencidos que haber involucrado a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico no fue la mejor solución, pero recordemos que dicha decisión se tomó a la luz de la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad desde hace varios años, y en tanto no se alcance el tan anhelado sueño de contar cuerpos de policía profesionales y suficientes para enfrentar a la criminalidad de nuestro país, lo cual no ha sucedido, sería una grave irresponsabilidad regresarlos a los cuarteles. Ya hemos dicho que la irrupción del crimen organizado y sus graves afectaciones a la seguridad interior del país son evidentes, su capacidad disruptiva rebasa con mucho la franja de la seguridad pública, así como las capacidades de las fuerzas del orden público y afecta a la seguridad nacional, entendida ésta cuando se perturba la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano por amenazas que vulneran a las instituciones que garantizan la certeza jurídica de los gobernados y el respeto a sus derechos humanos, por lo anterior la autoridad está obligada a utilizar todas sus capacidades tácticas.

En paralelo la ocurrencia irresponsable de plantear una amnistía para los narcotraficantes en México trae consigo graves y peligrosas implicaciones, si bien es cierto pudiera considerarse una mala broma ya que habría que explicar que en ninguna parte del mundo ello ha funcionado y que adicionalmente la amnistía únicamente se alcanza a través de una ley del congreso, no por un acto gracioso del monarca, y que todo indica que en el próximo proceso electoral ningún partido obtendrá mayoría en el congreso con lo cual se hace inviable la reflexión hecha en Guerrero, lo que si resulta cierto es que el sólo plantearlo implica considerar el resquebrajamiento del sistema de justicia penal, pues qué pasaría con los procesos penales en curso, o con los sujetos que ya han sido condenados en el remoto caso de que prosperara una ley de ese tipo?, con independencia de que significaría una afrenta a las familias de las víctimas asesinadas o desaparecidas por esos grupos criminales, cómo establecerían que conductas delictivas deban ser perdonadas, sólo el narcotráfico?, los homicidios?, o los secuestros por ejemplo?, cuál sería el rol de los servidores públicos que facilitaron la operación de las organizaciones criminales?, y lo más grave, se abre una peligrosa puerta para la intervención directa de fuerzas extranjeras como ya sucedió en Panamá con la detención del presidente de ese país por parte de las tropas estadounidenses en cumplimiento de una orden de captura girada por un juez federal de Florida.

En suma, creemos que si bien era innecesario impulsar una Ley de Seguridad Interior en estos momentos, sobre todo a la luz de que no ha sido posible destrabar previamente el tema de la designación del Fiscal General de la República o cuando menos el del Procurador General de la República, igualmente resulta sumamente peligroso invocar una amnistía en favor de los zares de la droga en México, lo cual solamente contribuirá en el país donde existe la mayor demanda de drogas en el mundo a incrementar los ánimos adversos de los sectores más reaccionarios en contra de México y a generar una peligrosa sospecha de acuerdos previos con grupos criminales en pleno proceso electoral.

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Un comentario

  1. Julio César Contreras castellanos dice:

    Este tipo de editorial llama a la reflexión, escrito con mesura sin amarillismos, lo que promueve informarnos sobre el tema y dirigir nuestra atención a problemas que trascienden al interés de la nacion.

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