ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PODERES EJECUTIVOS ESTATALES

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PRIMERA PARTE

Los Poderes Ejecutivos Estatales, como el Poder Ejecutivo Federal, asumen formas de organización y funcionamiento para el ejercicio de las funciones a su cargo y la prestación de los servicios públicos que les corresponden.

Las formas de organización eran, tradicionalmente, centralizada y paraestatal, a las que se han agregado algunas formas, sobre todo en el ámbito federal, orientadas a la autonomía de ciertos órganos y entidades respecto de los propios poderes ejecutivos.

 

Por ello, es conveniente conocer las disposiciones relativas contenidas en las Constituciones Estatales acerca de la organización y funcionamiento de los poderes ejecutivos estatales.

1. La Constitución Política de Aguascalientes dispone en la fracción X del artículo 46, que es facultad del Gobernador nombrar y remover al Secretario General de Gobierno, al Secretario de Finanzas y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, así como ejercer las facultades en la designación y remoción del Fiscal General del Estado en términos de lo establecido en el Artículo 59 de la propia Constitución; asimismo, refiere en la fracción XIX, que en cualquier momento podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, que en su caso el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

En el Capítulo Undécimo, Del Secretario General de Gobierno, refiere en el artículo 48, que para el despacho de los negocios de la Administración Pública del Estado, habrá un Secretario General de Gobierno, quien deberá reunir los siguientes requisitos: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con residencia efectiva en él, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la designación; II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y III.- Ser mayor de 30 años. Además, en el artículo 49, establece que todos los despachos del Gobernador deberán ser firmados por el Secretario General de Gobierno, y en el numeral 50, que las ausencias del Secretario General de Gobierno serán suplidas conforme la normatividad reglamentaria, en cuyo caso la persona que lo supla deberá firmar los despachos del Gobernador.

2. La Constitución del Estado de Baja California indica en su artículo 49 que es facultad del Gobernador nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad. Los nombramientos del Secretario de Desarrollo Social, y del Director de Control y Evaluación Gubernamental, estarán sujetos a la ratificación del Congreso conforme lo señala esta Constitución; así como que dentro de los noventa días siguientes a la instalación de cada legislatura constitucional, podrá optar por el Gobierno de Coalición, en cuyo caso y sin perjuicio de lo anterior, acordará las políticas públicas convenidas, turnándolas para su registro y seguimiento al Congreso del Estado. Cuando opte por el Gobierno de Coalición, someterá a cada uno de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, por separado a ratificación del Congreso del Estado por mayoría simple de los miembros presentes. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará un segundo nombramiento distinto, que deberá ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará el nombramiento definitivo.

En el Capítulo III, Del Secretario de Gobierno, señala que para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un funcionario que se denominará Secretario de Gobierno (artículo 50); para ser Secretario de Gobierno se requiere reunir los mismos requisitos que para ser Gobernador del Estado (artículo 51); que son atribuciones del Secretario de Gobierno: I. Autorizar con su firma las Leyes y Decretos que promulgue el Ejecutivo, así como las disposiciones y acuerdos que éste dicte en el uso de sus facultades; II. Substituir al Gobernador en los casos que esta Constitución indique; y III. Las demás que le confiera la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California (artículo 52); que el Secretario de Gobierno no podrá desempeñar otro puesto o empleo público o privado, con excepción de los docentes, ni ejercer profesión alguna durante el ejercicio de sus funciones (artículo 53); y que las faltas del Secretario de Gobierno, serán suplidas por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado (artículo 54).

3. La Constitución Política de Baja California Sur, conforme al numeral 79, incluye entre las facultades del Gobernador, la de nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, y demás funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las Leyes, garantizando el principio de igualdad de género; presentar a consideración del Congreso del Estado, las ternas para la designación de los Magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter sus licencias, renuncias o remociones a la aprobación del propio Congreso; y presentar a consideración del Congreso del Estado, la propuesta para la designación del Procurador General de Justicia y Contralor General, y una vez ratificados, expedir los nombramientos respectivos, pudiéndolos remover libremente por causa justificada. En el caso de que el Congreso del Estado resuelva no ratificar las propuestas de nombramiento efectuadas en dos ocasiones, podrá designarlos libremente;

En la Sección III, De las Dependencias del Ejecutivo, prescribe que la Administración Pública de Baja California Sur será Centralizada y Paraestatal conforme a esta Constitución y a la Ley Orgánica que expida el Congreso del Estado, que distribuirá los asuntos de orden administrativo que estarán a cargo de las Secretarías del Despacho, Dependencias y demás organismos, y definirá las bases para la creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo Estatal en su operación. Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales y el Gobernador y por el funcionario del ramo relativo (artículo 80); que los reglamentos, Decretos, Acuerdos y ordenes expedidos por el Gobernador del Estado, deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el Secretario General de Gobierno y por el Secretario del Ramo respectivo; cuando se refieran asuntos de la competencia de dos o más Secretarias, deberán ser refrendados por todos los titulares de las mismas. Tratándose de Decretos de publicación de las Leyes o Decretos expedidos por el Congreso del Estado, solo se requerirá el refrendo del Secretario General (artículo 81); que para ser Secretario de Despacho se requiere: I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener 25 años de edad como mínimo; III. Tener un modo honesto de vivir; y IV. No haber sido condenado por delitos del fuero común, intencionales u oficiales (artículo 82); y que son facultades y obligaciones del Secretario General de Gobierno: I. Suplir al Gobernador en sus faltas temporales, no mayores de treinta días. II. Coordinar las actividades de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y resolver, previo acuerdo con el Gobernador, los conflictos de competencia que pudieran surgir entre ellas; III. Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, Ordenes, Circulares y demás disposiciones del Gobierno del Estado; IV. Firmar los acuerdos dictados por el Gobernador del Estado, así como los contratos que celebre. Sin este requisito no surtirán efectos legales; V. Representar al Gobernador del Estado cuando éste lo estime conveniente, ante las autoridades de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios del Estado; y VI. Las demás que le confieran las Leyes.

4. La Constitución de Campeche establece en su artículo 71, que es atribución del Gobernador nombrar y remover libremente a los funcionarios y al personal que formen parte del Poder Ejecutivo, procurando mantener un equilibrio entre mujeres y hombres.
Asimismo, en el artículo 72, refiere que para el despacho de los asuntos que correspondan al Ejecutivo del Estado, habrán las Secretarías de los Ramos de Administración Pública y el número de Dependencias que establezca la Ley Orgánica relativa, que distribuirá las funciones que a cada una deba corresponder y señalará los requisitos que el Gobernador observará para nombrar a los Titulares de las mismas. Las Secretarías que integran la Administración Pública Estatal y las Dependencias señaladas conforme al párrafo anterior aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas competentes, de conformidad con la legislación aplicable, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos señalados.

En los numerales 73 y 74 indica que los acuerdos, órdenes y disposiciones que dicte el Gobernador y que sean despachados por las diversas Secretarías del Poder Ejecutivo, irán firmados por el Titular de la Dependencia que los despache y por el Gobernador del Estado; sin este requisito no obligarán; y que las faltas de los Secretarios de las dependencias de la Administración Pública, serán suplidas en la forma que determine la correspondiente Ley Orgánica.

En el artículo 67 dispone que las ausencias temporales del Gobernador hasta por quince días las suplirá el Secretario de Gobierno. Si la ausencia temporal excediese de quince días, pero fuera inferior a sesenta días, quedará encargado del Despacho del Poder Ejecutivo el Secretario de Gobierno o, en su defecto, el funcionario que el propio Gobernador designe de entre los titulares de las dependencias a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. La suplencia a que este párrafo se refiere se comunicará, por escrito, para los efectos que haya lugar, a los representantes de los otros dos poderes locales.

5. La Constitución de Chiapas incluye entre las facultades del Gobernador, en el numeral 59, las de someter a consideración del Congreso del Estado, o en su caso de la Comisión Permanente, los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los señalados en el Título Sexto de esta Constitución; nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado siempre y cuando no se haya optado por establecer un gobierno de coalición; nombrar con la ratificación del Congreso del Estado, o en su caso, de la Comisión Permanente al Titular del Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo, y removerlo libremente; e intervenir en la designación del Fiscal General del Estado y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 94 de esta Constitución.

En el Capítulo II, De la Organización del Poder Ejecutivo, dispone que para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal contará con las Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos que, conforme a ellas, expida el propio Ejecutivo. Los titulares de Dependencias y Entidades deberán cumplir los siguientes requisitos: I. Ser mayor de veinticinco años de edad. II. No pertenecer al estado eclesiástico. III. No haber cometido delito grave intencional. IV. Ser ciudadano chiapaneco. V. Los demás que señale la Ley. El Titular del Ejecutivo será responsable de impulsar la equidad de género en la integración de la Administración Pública Estatal por lo que no podrá nombrar a más del cincuenta por cierto de personas de un mismo género como titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado. Las ausencias de los titulares de las Dependencias y Entidades serán atendidas de acuerdo a lo establecido en la Ley (artículo 60); se establecen quince regiones socioeconómicas en el Estado, cada una integrada por los municipios que indique la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Las quince regiones socioeconómicas son las siguientes: Región I. Metropolitana. Región II. Valle Zoque. Región III. Mezcalapa. Región IV. De los Llanos. Región V. Altos Tsotsil-Tseltal. Región VI. Frailesca. Región VII. De Los Bosques. Región VIII. Norte. Región IX. Istmo Costa. Región X. Soconusco. Región XI. Sierra Mariscal. Región XII. Selva Lacandona: Región XIII. Maya. Región XIV. Tulijá Tseltal Chol. Región XV. Meseta Comiteca Tojolabal. En cada región la Secretaría General de Gobierno contará con un Subsecretario de Gobierno, que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones que corresponden realizar a las Dependencias de la Administración Pública Estatal con presencia en la región. El Subsecretario de Gobierno deberá reunir como requisitos ser chiapaneco por nacimiento, mayor de veinticinco años y deberá contar con una residencia mínima de cinco años en el Estado de Chiapas, al momento de su designación. Las regiones socioeconómicas serán la base del diseño de las políticas públicas. En consecuencia (sic), se partirá de la diversidad regional en el Estado para diseñar mecanismos que promuevan la cohesión social; y que las políticas y programas se adecuaran a las particularidades de los territorios y promoverán la participación de los grupos locales para la promoción del desarrollo regional sustentable (artículo 61).

También señala en el artículo 62, que los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes emitidos por el Gobernador, en ejercicio de sus facultades, deberán ir firmados por el o los titulares de la Dependencia que corresponda según la naturaleza del asunto; la firma del o los titulares referidos los hará responsables de dichos actos cuando sean contrarios a la Constitución y las leyes del Estado. Se exceptúa el cumplimiento del párrafo anterior, cuando el Gobernador del Estado ejerza su facultad de promulgación de leyes o decretos emitidos por el Congreso del Estado. En aras de dar cumplimiento a los principios constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, las Dependencias o Entidades a través de sus titulares, deberán exponer a la ciudadanía un informe anual del estado que guardan los asuntos de su competencia, observando para ello los parámetros establecidos en el marco legal aplicable. La información relativa a las licitaciones y contratos públicos deberán hacerse del conocimiento de los ciudadanos deberán hacerse públicas a través de los portales de acceso a ella; y en el numeral 63, que los titulares de las dependencias y de las entidades deberán comparecer ante el Congreso del Estado o ante sus Comisiones, cuando sean requeridos para dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos o cuando se discuta una iniciativa de Ley que les competa.

En los artículos 68 y 69 del Capítulo IV, establece que el Gobierno de Coalición es el ejercicio de la administración pública, bajo la conducción del Gobernador, por la asociación del partido político en el gobierno con uno o más partidos políticos con representación en el Congreso del Estado de Chiapas, para ejecutar y evaluar el programa compartido; y que el Gobernador podrá optar por un gobierno de coalición cuyo programa contará con el apoyo de la mayoría de los miembros del Congreso. La norma en la materia regulará los supuestos en que los porcentajes de votación válida total obtenida harán obligatoria su integración. El Gobernador presidirá el gabinete, cuyos integrantes serán sometidos a la ratificación del Congreso. Habrá un vocero del gabinete que informará de manera periódica al congreso acerca del cumplimiento del programa de gobierno. La norma en la materia regulará los supuestos y requisitos para su integración, su funcionamiento y la forma en que el Gobernador podrá dar por concluido el Gobierno de Coalición.

6. La Constitución Política de la Chihuahua indica en su artículo 93 que es facultad del Gobernador nombrar y remover libremente al Secretario General de Gobierno, Secretarios, Coordinadores y Directores, y recibirles la protesta de ley, pudiendo recabar la opinión del Congreso del Estado, si lo estimare conducente; nombrar a quienes ocupen la titularidad de la Fiscalía General del Estado, y de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo y someterlo a la aprobación del Congreso del Estado. Para remover de sus cargos a las personas titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Gobernador deberá someterlo a la aprobación del Congreso del Estado. Quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General designará a las y los Fiscales Especializados, en los términos que se establezca en su ley orgánica y el Gobernador les extenderá su nombramiento y tomará su protesta de ley, con excepción de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo nombramiento se realizará conforme al procedimiento descrito en el artículo 122 de la presente Constitución. El Gobernador removerá libremente al resto de las y los Fiscales Especializados; enviar al Congreso los nombramientos de las personas titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo para la aprobación correspondiente; y designar libre y directamente a quien deba encargarse del despacho de la Fiscalía General, de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el tiempo que dure el procedimiento que se establece en esta Constitución para nombrar a las y los titulares de estas dependencias.

En la fracción XIX del mismo precepto se establece que en cualquier momento el Gobernador podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, de acuerdo a lo establecido por la Ley, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. En el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una plataforma electoral y podrán convenir optar por la integración de un gobierno de coalición, en caso de que la persona postulada para asumir el cargo de Gobernador resulte electa.

En el Capítulo III, Del Despacho del Ejecutivo, señala que la Administración Pública será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo del Estado que estarán a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo y definirá las bases generales de creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo del Estado en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales y el Ejecutivo del Estado, o entre éstas y las dependencias centralizadas en su caso (artículo 94); que para ser Secretario General de Gobierno, Secretario o Coordinador, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; II. Ser chihuahuense en pleno ejercicio de sus derechos; III. Ser originario del Estado, o bien haber residido en el mismo cuando menos durante cinco años; IV. Ser mayor de 25 años; y V. No ser ministro de algún culto religioso o haberse retirado del mismo en los términos de ley. En el caso del Secretario General de Gobierno, se requiere ser mayor de treinta años (artículo 95); que Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Poderes Legislativo y Judicial, se establecerán entre el Gobernador o el Secretario General de Gobierno en su caso, y los titulares de dichos Poderes. El Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, los Secretarios y los Coordinadores, a más tardar el día treinta de septiembre, presen¬tarán al Congreso un informe por escrito del estado que guardan los asuntos de sus respectivos ramos, pudiendo ser llamados para asesorar y explicar al Congreso, cuando se vaya a discutir un proyecto de ley o a estudiar un negocio relacionado con las funciones de su cargo. El Fiscal General del Estado concurrirá al Congreso a través de la Junta de Coordinación Política, cuando menos una vez al año, para analizar el estado que guarda su gestión. El incumplimiento de esta obligación será causa de responsabilidad en los términos de la Ley en la materia (artículo 96); que todas las leyes o decretos del Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 74, deberán ser firmados por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, requisito sin el cual no serán obligatorios; los reglamentos, acuerdos, órdenes y circulares y demás disposiciones del Gobernador, serán firmados por el Secretario General de Gobierno y por el Secretario o Coordinador a que el asunto corresponda o por el Fiscal General del Estado, en su caso (artículo 97); y que las ausencias temporales del Secretario General de Gobierno, cuando no excedan de 60 días, serán suplidas por el Fiscal General del Estado (artículo 98).

En el numeral 89, al referirse a las faltas temporales del Gobernador, señala que en caso de falta temporal que no exceda de sesenta días, el Secretario General de Gobierno asumirá el cargo de Gobernador Interino, previa protesta que deberá rendir ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente.
7. La Constitución Política de Ciudad de México dispone en su artículo 29, Apartado D, incisos j) y k), que el Congreso de la Ciudad de México tendrá competencia para ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes; y solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.

En el Apartado C establece que es competencia del Jefe de Gobierno: c) Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete; y e) Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la Ciudad de México observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución;

Además señala que cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone este artículo. En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o designar a las y los integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso. Dentro de los quince días siguientes a la conclusión del encargo deberá entregar al Congreso un informe de labores.

En el Artículo 33, De la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone que la Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas. Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano; y que las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados.

Asimismo, este texto constitucional prevé el Jefe de Gobierno podrá optar, en cualquier momento, por conformar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido por la ley, a fin de garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática; que el gobierno de coalición es un cuerpo colegiado conformado por las personas titulares de las dependencias de la administración pública local, a propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso de la Ciudad. En el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una plataforma electoral y podrán convenir optar por la integración de un gobierno de coalición, en caso de que la persona postulada para asumir la Jefatura de Gobierno resulte electa. Los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en los términos de la ley en la materia; que la o el Jefe de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete; y que las y los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas.

8. La Constitución Política de Coahuila de Zaragoza contempla en el artículo 82 como facultad del Gobernador: IV. Nombrar, suspender y remover libremente a los secretarios del ramo, a los subsecretarios, a los directores de los diferentes ramos, a los Oficiales del Registro Civil y a todos los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento, suspensión o remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución y las Leyes; X. Concurrir personalmente al Congreso del Estado o enviar al Secretario del Ramo que corresponda, cuando se discuta un proyecto de Ley o Decreto, cuya iniciativa haya sometido a su aprobación; y XII. Intervenir en la designación del Fiscal General del Estado, en términos de lo dispuesto en esta Constitución.

En el artículo 86 del Capítulo III, Del Despacho de Gobierno, prevé que para el desempeño de los asuntos que la presente Constitución encomienda al Ejecutivo, habrán las Secretarías del Ramo, las dependencias y organismos que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

En el numeral 87, señala los requisitos para ser Secretario del Ramo: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; II. Haber cumplido 25 años de edad para el día de la designación; III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime la buena fama en concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

En los artículos del 88 al 92 establece las reglas generales de funcionamiento de las Secretarías del Ramo: los reglamentos, decretos, acuerdos y circulares expedidos por el Gobernador, serán refrendados por los Secretarios del Ramo a que el asunto corresponda. Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo del Secretario de Gobierno (artículo 88); los Secretarios del Ramo y los Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, previa anuencia del Gobernador, así como los titulares de los organismos públicos autónomos concurrirán a las sesiones del Congreso, para que informen cuando se discuta una Ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. El Procurador General de Justicia del Estado, previa solicitud del Legislativo al Gobernador, podrá concurrir ante el Congreso cuando las leyes que se discutan sean de su competencia (artículo 89); los Secretarios del Ramo y los demás titulares de las Dependencias centralizadas, así como los del sector paraestatal, durante el ejercicio de sus funciones, no podrán desempeñar cualquier otro empleo dependiente de la Federación, Municipios, organismos auxiliares, o bien de otra Entidad Federativa o de algún particular, excepto los cargos de carácter docente y los honoríficos. También están impedidos para ejercer la abogacía, salvo en causa propia (artículo 90); las faltas temporales de los Secretarios del Ramo, serán suplidas por el funcionario que determine el reglamento interior respectivo (artículo 91); los reglamentos interiores de cada una de las secretarias del ramo serán expedidos por el Gobernador del Estado y en ellos se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas (artículo 92); y que el refrendo actualiza en el Secretario de Gobierno y los demás Secretarios del Ramo, la responsabilidad que pueda resultar del mismo (artículo 93).

Destaca que en esta Constitución existan disposiciones específicas para regular las facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas: son obligaciones del Secretario de Finanzas del Estado: I. Glosar las cuentas presentadas por los Recaudadores de Rentas, dando cuenta al Gobernador del resultado de las mismas; II. Presentar al Congreso del Estado, dentro del término que disponga la Ley, previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, la cuenta pública, para efectos de su revisión, discusión y aprobación, en su caso; III. Recaudar los ingresos públicos del Estado, con arreglo a las leyes del mismo; IV. Informar al Gobernador del Estado, sobre las responsabilidades en que incurran los servidores públicos bajo su dirección, a fin de que las mismas se hagan exigibles, en los términos de esta Constitución y demás ordenamientos legales aplicables; y V. Presentar diariamente al Ejecutivo, un informe general que manifieste el movimiento diario de ingresos y egresos (artículo 100); el Secretario de Finanzas del Estado deberá exigir a todo servidor público que maneje caudales del Estado, que constituya caución suficiente a su satisfacción, antes de tomar posesión de su cargo (artículo 103); el Ejecutivo sólo podrá expedir órdenes de recaudación por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado (artículo 104); y que el Gobernador deberá presentar al Congreso, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al del Ejercicio Fiscal que correspondan, o hasta el día 15 del mes de diciembre cuando inicie su encargo en los términos del Artículo 77 de esta Constitución. El Secretario de Finanzas del Estado, deberá comparecer a dar cuenta de los mismos. No podrá haber otras partidas globales, fuera de las que se considere necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto. Su empleo requerirá acuerdo escrito del Gobernador del Estado (artículo 105).

Los numerales del 122 al 134, comprendidos en el Capítulo VII, Del Gobierno y Administración Interior del Estado, fueron derogados por decreto publicado en el Periódico Oficial el 20 de marzo de 2001.

9. La Constitución Política de Colima refiere en su artículo 58 que entre las facultades del Gobernador se encuentran: IV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al Consejero Jurídico y a los demás servidores públicos cuyos nombramientos o remoción no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad; y IV bis. Proponer al Fiscal General del Estado para su aprobación al Congreso y, en su caso, removerlo en los términos prescritos por esta Constitución.

En el Capítulo II, De la Administración Pública del Estado, se fijan las reglas de organización y operación de las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal: la Administración Pública del Estado será centralizada y paraestatal conforme a su Ley Orgánica y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, Consejero Jurídico, Contralor General y demás servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la administración pública centralizada y paraestatal en los términos que dispongan las leyes respectivas. Formarán parte de la Administración Pública del Estado las empresas productivas de bienes o de servicios que contribuyan directamente a los fines establecidos en la fracción IX del artículo 1º de esta Constitución. La Ley señalará los requisitos de ingreso, permanencia y profesionalización de los servidores públicos de mando que lleven a cabo tareas especializadas; las Secretarías tendrán igual rango por lo que no habrá entre ellas preeminencia alguna. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, que será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado y que para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas y de los demás servidores públicos que requiera el desempeño de sus funciones (artículo 61); para ser Secretario de Administración Pública Estatal, se requieren los mismos requisitos que señala el Artículo 24 de esta Constitución, exceptuando el de la vecindad (artículo 62); todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo, deberán ser refrendados con carácter obligatorio por el Secretario General de Gobierno y por los Secretarios del ramo a que el asunto corresponda (artículo 63); mientras se encuentren en ejercicio de su cargo los secretarios de la Administración Pública Estatal, el Consejero Jurídico y el Contralor General no podrán desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el Notariado (artículo 64); y que la estructura orgánica de la Administración Pública del Estado y las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que la conforman, se determinarán de acuerdo con lo expuesto por la Ley Orgánica correspondiente, los reglamentos y demás acuerdos administrativos que al efecto se expidan (artículo 66).

En el numeral 65 se establecen la función, requisitos y atribuciones del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Estatal: la función de Consejero Jurídico estará a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Gobernador, y será nombrado y removido libremente por éste. Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General del Estado previstos por el artículo 83 de esta Constitución. El Consejero Jurídico dará opinión sobre los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y nombramientos que el Gobernador deba presentar al Congreso del Estado y lo representará jurídicamente en cualquier juicio o asunto en que el titular del Ejecutivo del Estado intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, así como en las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Estas facultades podrán ser delegadas. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobernador podrá ser representado jurídicamente por los Secretarios de la Administración Pública Estatal en los términos que disponga la ley.

Finalmente, como otras Entidades, en la Constitución de Coahuila se prevé en el artículo 55, que las faltas temporales del Gobernador del Estado, hasta por treinta días, serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de Encargado del Despacho y las que excedan de tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que a mayoría de votos de los Diputados presentes nombrará el Congreso, debiendo cumplir el nombrado los requisitos que señala el Artículo 51 de esta Constitución.

10. La Constitución de Durango prevé en la fracción II de su artículo 98 que es facultad del Gobernador Estado nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho y demás servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las leyes.

En la Sección Cuarta, De las Secretarías del Despacho del Poder Ejecutivo, señala las reglas de organización y funcionamiento: para el despacho de los asuntos que le compete al Ejecutivo estatal, contará con las dependencias, entidades y organismos que determine la ley. La administración pública del Estado será centralizada y paraestatal (artículo 99); para ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno, además de los requisitos para ser Gobernador del Estado, se deberán cumplir los siguientes: I. Poseer Título Profesional de licenciatura; II. No haber sido Gobernador del Estado por elección popular ordinaria o extraordinaria en el periodo inmediato anterior; III. Ser de reconocida probidad; (artículo 100); y el Congreso del Estado, por sí o a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, podrá citar a los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, al Fiscal General, a los titulares de las Entidades de la Administración Pública Estatal y a los titulares de los Organismos a los que esta Constitución reconoce autonomía para que comparezcan, rindan informe, o respondan a los cuestionamientos que les formule el Congreso del Estado, previa solventación del procedimiento que fije la ley o el acuerdo parlamentario correspondiente. Igual obligación tendrán, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo, debiendo enviarles la Mesa Directiva respectiva, el citatorio correspondiente, con anticipación razonable y haciéndole saber el motivo exacto de su comparecencia. Los titulares de las dependencias, entidades y organismos del Gobierno Estatal, deberán proporcionar al Congreso del Estado, la información o documentación que les sea requerida mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a quince días. El cumplimiento de esta obligación se realizará de conformidad con la ley (artículo 101).

Por último, en los numerales 93 y 96, contemple que el Secretario General de Gobierno suplirá al Gobernador en sus ausencias temporales que no excedan de 60 días.

gilberto.higuera@latitudmegalopolis.com

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