LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS, UN ANÁLISIS CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS.

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La siguiente reflexión atiende a estudios médicos y su relación con el derecho a la vida digna y a la salud. El uso de drogas no es un pasatiempo, es una enfermedad mental; implica violencia autodirigida, o sea conductas autodestructivas –como prostitución a cambio de drogas, manejar en estado de ebriedad, compartir jeringas-lo que evidencia que la persona no puede relacionarse conscientemente consigo misma y con los demás. El abuso de sustancias –alcohol y psicotrópicos-, aparece en el apartado F10-F19 de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Los adictos necesitan atención médica, psiquiátrica y psicológica, no necesitan libertinaje sino contención, lo que es más difícil, pero jurídica y éticamente es lo más correcto. Obviar que las personas con adicción sufren una enfermedad mental es un atentado contra el derecho a la vida digna, sería como abrir paso a que una persona con depresión cometa suicidio sin ningún tipo de remordimiento.
No juzgo a las personas con este tipo de problemas, más bien clamo, para que su situación no sea normalizada, porque de otra manera nadie los ayudará, nadie entenderá –ni ellos mismos- que tiene un problema. Identificar a las adicciones como una enfermedad mental, propiciará las campañas de prevención, trayendo luz a la soledad en la viven; pues muchas de ellas se drogan por pobreza, marginación y como una manera de escapar de la violencia que sufren a diario, situación que se deriva del desmantelamiento de las estructuras sociales, el descuido en la salud mental, la falta de seguridad laboral, los sueldos paupérrimos que producen pobreza alimentaria, lo que conduce a la personas a vivir de la delincuencia, porque su Estado no brinda las condiciones para acceder a una mejor vida. Las adicciones en menores de edad comienzan como una forma escapar del hambre que se siente, tristemente es así…
Resulta atroz leer, algunas propuestas de reforma en torno a la legalización de las drogas, que omiten los nefastos resultados del uso de drogas en la salud pública, de acuerdo a la ONU, el uso de drogas da por resultado la pérdida de 28 millones de años de vida sana en la población mundial, por año. Es de explorado conocimiento médico que el uso de opioides da por resultado sobredosis fatales y no fatales además del riesgo de contraer enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis y hepatitis C, cuyo tratamiento es muy costoso y sobre carga los sistemas de salud.
El año pasado Chicago anunció que las llamadas por sobredosis no serían atendidas, debido a que las personas con sobredosis eran reincidentes en las salas de urgencias, lo que duplica el gasto, y la saturación de urgencias con personas adictas atentaba contra el acceso a otros usuarios e importaba el detrimento en la calidad de atención; es una decisión funesta, que se da en medio de una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Cabe destacar que los consumidores de mariguana, presentan grandes cantidades de plomo en el cerebro, afectando los procesos de aprendizaje y memoria a lo largo de la vida, esto quiere decir que el nivel intelectual baja notoriamente, también está directamente relacionada con bronquitis crónica, su uso produce paranoia, depresión y ansiedad. Y en estudios de la ONU, se ha verificado que los trabajadores que la usan sufren un 60% de accidentes.
En las propuestas desafortunadamente se confunde la libertad con el libertinaje, la libertad no es hacer ilimitadamente, es conocer los límites y lidiar con los obstáculos de la actuación propia en referencia a la comunidad y al bienestar propio. Algunas de las propuestas de forma falaz, arguyen el derecho a la seguridad, pues la violencia ha aumentado por el consumo de drogas -como si ésta no fuera multifactorial. Esos discursos carentes de conocimiento jurídico, violan los principios de los derechos humanos: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad –artículo 1° constitucional-, porque la legalización significa retroceder en el derecho a la salud –o sea, viola la obligación de no regresividad en el principio de progresividad-, a la par de primar el derecho a la seguridad por sobre el derecho a la salud, idea que no puede aplicarse porque los derechos humanos son un bloque que desconoce jerarquías –salvo los casos del artículo 29 constitucional que no aplican aquí- esto quiere decir que ningún derecho es más importante que otro porque son indivisibles e interdependientes, ya que provienen de una misma fuente: la dignidad.
Dar preponderancia o maximizar el espectro de actuación de un derecho humano, en perjuicio de otro, atenta contra el principio de universalidad, porque el derecho a la salud mental sería sistemáticamente violado al dar preponderancia al derecho a la seguridad, es decir, que no podemos reconocer un derecho humano a una parte de la población y desconocerlo en otra parte de la población –todo ser humano es titular de derechos humanos.
Las propuestas de corte más demagógico, señalan que el consumo es un derecho, en este sentido cabría hablar de las obligaciones que una persona tiene sobre su cuerpo, y cómo el abuso de su cuerpo -verbigracia sobredosis-, afecta a los sistemas de salud, que son pagados por todos. Y por último, no cabe hablar de esto, ya que México, por virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, tiene la obligación de primar los derechos humanos reconocidos a nivel internacional –corpus iuris internacional- el uso recreativo de las drogas no es un derecho humano, en cambio el derecho a la vida digna y a la salud sí lo son.
No solo falta madurez para hablar del tema, falta información científica y conocimiento jurídico –qué pena dan los legisladores y otras autoridades- pero además remarca la negligencia con la que los servidores públicos y otras figuras públicas actúan, pues no entienden que su función tiene una repercusión social, que su función implica la solidaridad y el entendimiento caritativo del otro; no así la diarrea discursiva que emiten sin una ninguna consciencia ni responsabilidad social.

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Un comentario

  1. MANUEL ROMERO dice:

    Mi estimada maestra con el debido respeto y admiración que usted me merece, le pediría un favor, que me aclare la contradicción del contenido en su artículo, ya que en un principio usted afirma que “Obviar que las personas con adicción sufren una enfermedad mental es un atentado contra el derecho a la vida digna…”, para después comentar “Identificar a las adicciones como una enfermedad mental, propiciará las campañas de prevención, trayendo luz a la soledad en la viven…”. Me parece contradictorio. muchas gracias

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