EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.

 

 

Por: Dr. Gustavo Salas Chávez

 

 

EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.
Segunda parte.

 

 

“En cuanto menos es la paga al soldado,
más gruesa es la muralla que ataca”.
Frase militar

 

 

Como vimos en la entrega pasada se advierte existe todo un arsenal jurídico de acciones legales que pueden ser aplicadas en contra de los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas hubiera un actuar indebido. Sin embargo para lo anterior tuvo que desarrollarse una evolución doctrinaria de varias decenas de años durante tres diferentes siglos para llegar a la actual contextura conceptual y naturaleza jurídica que establece nuestra constitución vigente en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

 

Entre los más importantes antecedentes históricos encontramos las previsiones contenidas en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano; en la constitución de la república independiente de 1824; en las leyes constitucionales centralistas de 1836; en la constitución liberal o juarista de 1857; en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano Maximiliano Emperador de México, y en la que fue fruto del movimiento social reivindicador de 1917.

De tal guisa que procede analizar a los órganos responsables de su aplicación y en su caso determinar si pueden ser concurrentes diversas sanciones por la comisión de una misma conducta.
Para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro sistema jurídico en 2015 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su vez se hizo necesario reformar y abrogar diversos ordenamientos jurídicos secundarios.
Entre las reformas más importantes que le dan vida a nuevos actores que intervienen en los diferentes procesos sancionadores en contra de los servidores públicos y que se suman a los ya existentes, están los siguientes:

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

III. …

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

Como se advierte se construyó una superestructura que bien a bien a casi tres años de su creación no ha terminado de edificarse y menos a funcionar, sin embargo pareciera que no existiera nada que sea un valladar en contra de los abusos de la burocracia la cual pareciera ser una entelequia del mal generadora de gran parte de los problemas que vive el país, y por ello hay que sumarle al arsenal anterior diversas medidas que si bien contribuirán para contar con mayores recursos que serán destinados al gasto social, también causaran desánimo en la primera línea de combate con el cual el futuro presidente buscará la cuarta transformación.

Nadie en México pueda estar en contra de cancelar y sancionar abusos, excesos y actos de rapiña, como lo que han cometido gobernadores o funcionarios abusivos de todos los partidos políticos, tampoco de cancelar excesos como los sueldos que corresponden a un CEO de empresa multinacional, y no a un servidor público de organismo autónomo en donde se auto asignó sin ninguna vergüenza salarios y prestaciones que van más allá de lo éticamente razonable. Coincidimos plenamente en una visión mesurada de la austeridad republicana, sin embargo hay que recordar que en la mal llamada burocracia que ejercen puestos de confianza existen miles de personas que llevan 20 años o más ejerciendo con dignidad su trabajo diariamente, ganando no más de 12,000 pesos mensuales y que son los que al final sostienen la actividad gubernamental, la cual será necesaria para intentar alcanzar la anunciada cuarta transformación.

Aunque sea políticamente incorrecto, consideramos que los servidores públicos no son los enemigos de la sociedad pues forman parte de la misma. Parafraseando a Federico Berrueto en su columna de Milenio coincidimos con éste en el sentido de que la burocracia no necesariamente es un grupo privilegiado, ineficaz y corrupto. Por lo menos no todos.

gustavo.salas@latitudmegalopolis.com

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Un comentario

  1. Juan Carlos Palacios dice:

    Nepotismo, una de las principales causas del porque no se sanciona debidamente a servidores públicos, por otra lado, afortunadamente existen personas que con pasión desempeñan sus funciones que en muchas ocasiones son los menos agraciados económicamente!

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