SEGURIDAD PÚBLICA Y DEMOCRACIA

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Los procesos electorales constituyen obligada revisión de las circunstancias que les caracterizan y análisis de sus perspectivas, así como encontrar las propuestas para afrontar el encuentro con la democracia con civilidad y éxito social.

Las elecciones locales y federales propician el estudio del pasado, presente y futuro de la democracia en México.

En este estudio de la democracia mexicana, debe incluirse a la congruencia conceptual de la soberanía popular, a la prevalencia del marco constitucional y legal en este rubro y a los procesos electorales mismos, sin soslayar el contexto social de la nación.

Precisamente en este contexto social de escudriñamiento ineludible – pues la democracia es praxis dimanada de la interacción ciudadana – deben contemplarse los factores que inciden en el sistema y la práctica democrática mexicanos.

En este sentido, no se podría excluir a un factor de incidencia preponderante en la vida social mexicana: la seguridad pública.

Para nadie es desconocido que en la República Mexicana, desde los años ochenta, se han incrementado los delitos, la violencia y el crimen organizado.

Tampoco es ignorado por la sociedad mexicana que la delincuencia, la violencia y el crimen organizado han venido – crecientemente – afectando a la democracia, ya que con cada vez mayor frecuencia se cometen ese tipo de hechos contra protagonistas de la vida democrática.

Es del conocimiento público que dirigentes de partidos políticos, candidatos, militantes de partidos, simpatizantes y hasta servidores públicos electos popularmente, son víctimas de delitos, de violencia y de actos de la delincuencia organizada.

Tampoco puede retraerse cualquier análisis que se precie de objetivo, del contexto social de la praxis democrática mexicana, de la relación de algunos protagonistas de la vida democrática nacional con individuos vinculados a la delincuencia, a la violencia y al crimen organizado. Las evidencias han sido divulgadas en sus momentos. Las presunciones parecen fundadas.

Ante este panorama, lo más viable y exigible a las autoridades de los diversos poderes públicos, es realizar un estudio sobre el sistema democrático y el contexto social mexicanos, para prevenir y, en su caso, obrar eficazmente en casos de afectación de la seguridad ciudadana y pública, con motivo de las elecciones que se llevarán en breve tiempo.

Para la apreciación del concepto de democracia, citaremos las opiniones de diversos investigadores interesados en clarificar sus alcances y limitaciones.

Evocando los pensamientos aristotélicos el tratadista Felipe Tena Ramírez  puntualiza que la democracia admite grados de pureza, pues la puede ejercer un solo hombre, la minoría y la mayoría de un pueblo.

Cuando el poder lo usufructúa la mayoría, para todos por igual, tenemos la forma pura de la democracia, si se ejerce solo para los desposeídos es demagogia.

La democracia significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es idéntica a la voluntad de los súbditos.

Otro investigador es Pablo Alberto Bulcourf, quien reflexiona sobre la Teoría de la Democracia sustentándose en la relación entre régimen político y los procesos sociales comparando los aspectos normativos (prescriptivos) y los empíricos (descriptivos).

Afirma que Estado y empresa son los ámbitos sociales donde se llevan a cabo los procesos sociales de la modernidad.

El régimen democrático es uno de los regímenes políticos, entendidos éstos como un conjunto estructurado e institucionalizado de roles de poder que articulan a la sociedad política con la sociedad civil.

En los procesos socio-políticos se anidan las relaciones de los componentes de un régimen democrático, en la modernidad, principalmente: el concepto de territorialidad deja de tener interés fundamental, la globalización es el eje de la vida política de los Estados; la producción material a escala industrial ha sido superada por un sinnúmero de empresas de servicio; el trabajo humano como estructurador de la vida social en el capitalismo tiende a perder importancia; la estructura militar se vuelve hegemónica por parte de los Estados Unidos de América y la Organización de las Naciones Unidas.

La democracia tiene como pilares a la libertad y a la igualdad; la primera comprende: la libertad política, la libertad sexual, la libertad religiosa y la la libertad económica; la libertad política es el sustento de las demás libertades.

Las principales características de un régimen democrático desde el punto de vista del régimen político son: todo adulto normal debe tener acceso a los lugares de poder; debe haber reglas claras de sucesión política; la sociedad civil debe ser suficientemente estructurada para permitir el desarrollo del hombre; aceptar las diferencias es vital para su desarrollo; requiere un diseño institucional que coordine sus elementos fundamentales con las características y circunstancias de los Estados nacionales donde se practica.

El diseño institucional debe permitir que los ciudadanos tomen decisiones no solo en los comicios; la representatividad es la base del gobierno democrático y ésta debe permitir la articulación de los intereses de las minorías; la independencia del poder judicial es garantía fundamental de la vida democrática por lo que la seguridad jurídica es condición básica y los ciudadanos deben estar informados de las decisiones que se tomen en su nombre.

El investigador Francisco Reveles Vázquez centra sus reflexiones entre la democracia representativa – indirecta – y la directa.

Precisa que la primera se da en los Estados modernos mientras que la segunda solo en pequeñas comunidades; pondera que si bien es cierto que en la indirecta un grupo elegido por los votantes toma las decisiones que beneficiarán o perjudicaran a la colectividad; menciona, siguiendo a Sartori, que en ésta existen mecanismos de cautela y restricciones de los que carecen las democracias directas, además de que en ellas no hay desequilibrios funcionales entre ricos y pobres, como los hubo en las democracias antiguas en las que la guerra era inevitable.

Plantea que los elegidos por el sufragio no son responsables ante sus electores sino ante el interés general de toda la comunidad, de donde emergen los votantes; considera que el nombramiento de los funcionarios de gobierno por sorteo sería un mecanismo esencialmente democrático.

El problema de las democracias presidencialistas es que un grupo o partido político se mantiene en el poder dando lugar a una oligarquía, una élite alejada de la sociedad.

Considera que el mandato imperativo con posibilidades de revocación reduce las condiciones de formación de los grupos oligárquicos citados. Expresa que el gobierno de asamblea no es posible implantarlo en los Estados modernos pero si en espacios inmersos en ellos como son la escuela, la fábrica, la familia, la oficina, en las cámaras o asambleas legislativas, lo que sin duda contribuiría a la forma de gobierno democrática.

Otro investigador que opina en relación con el tema es Antonio Camou, quien involucra en su estudio el concepto de democracia y gobernabilidad.

Siguiendo a Bobbio refiere que la democracia es un conjunto de reglas que establecen quien está autorizado a tomar decisiones, bajo qué procedimientos y en qué condiciones.

Expresa que una forma de gobierno será democrática si: los sujetos involucrados en la toma de decisiones es la mayoría de la población adulta; el procedimiento de toma de decisiones se rige por el principio de mayoría; están garantizadas una serie de libertades – de opinión, de asociación, de reunión, etc. – que permiten a los involucrados presentar y/o elegir decisiones políticas sin mecanismos de coacción.

La gobernabilidad democrática implica que el gobierno tiene capacidad para restaurar rápidamente el orden público, hacer cumplir la Ley y que se acaten las políticas gubernamentales.

La proliferación de delitos comunes, el involucramiento de servidores públicos con la delincuencia y la afectación a los protagonistas de la democracia con la delincuencia, propician una creciente inseguridad ciudadana.

Lo anterior hace necesario que se dote al gobierno con herramientas que le permitan combatir eficazmente al delito, pero estableciendo mecanismos institucionales para que funcione un poder judicial ágil e independiente que garantice que no habrá impunidad cuando las fuerzas del orden y los servicios de seguridad se desnaturalicen por conducirse arbitraria e impunemente. Agrega que los últimos años se ha despertado el debate de la relación Estado – mercado – sociedad en el ánimo de superar los conceptos del Estado interventor o del Estado de intervención mínima.

Se ha propuesto para lograr la superación de la discusión que es necesario un Estado estructurado con una burocracia eficiente, con autonomía respecto los intereses inmediatos de los grupos sociales circundantes, con una selección de personal por sus méritos que se involucren en un servicio de carrera bien remunerado y de largo plazo, que concentre el saber técnico, con vinculación con los sectores económicos y grupos sociales para formular e implementación políticas públicas.

A continuación se citan algunas consideraciones que sobre el particular elaboró el politólogo italiano Giovanni Sartori, quien aborda el binomio democracia e información.

Parte de que la sociedad de manufactura de los años cincuenta ha sido sustituida por la sociedad de la información, reconociendo que uno de los más poderosos medios para transmitirla es el televisivo.

Precisa que en materia de información lo importante es si lo que se transmite es conocimiento o solo información pues el primero se caracteriza por ser un procedimiento cognitivo en el que no solo se describe un problema sino también se buscan las soluciones, mientras que la segunda solo es acumulación de conceptos triviales e insuficientes.

Además clasifica el concepto en desinformación y subinformación, la primera por ser tergiversada y la segunda por insuficiente.

Al decir de Bobbio, esto da como resultado que haya ciudadanos que por la influencia televisiva no saben de los problemas políticos que confrontan sus comunidades.

Fernando Vallespín se preocupa de los canales de mediación entre la sociedad y el sistema político. Considera que la representatividad parlamentaria no es efectiva habida cuenta la ficción de la democracia sustentada en la igualdad política de todos los ciudadanos en relación con los intereses corporativos.

Establece que hay antagonismo entre el conocimiento tecnocrático de las élites técnicas y el conocimiento más elevado del interés público.

Plantea que la relación representativa ha sido afectada por los medios de comunicación, el problema es cómo controlarlos; adiciona el cuestionamiento de cuál es la función de ellos en los sondeos de opinión.

Razona que la calidad de la democracia se pone en duda si no se dan las condiciones para su mejoramiento como mejor distribución de los recursos políticos, promoción de la educación y de la competencia ciudadana y mayor transparencia de la vida pública.

Otro investigador de esta materia es Robert Dahl. Este autor analiza la internacionalización y la responsabilidad política.

Precisa que hay dos corrientes sobre el particular, una que afirma que los organismos internacionales se democratizarán y la otra que defiende la postura contraria, a la que se afilia el investigador.

El problema estriba en el control de la política exterior pues las decisiones sobre ella las toma un grupo de ciudadanos élite, mismas que pueden ser contrarias a la opinión pública que puede llegar a sublevarse.

En razón de lo anterior afirma que no son democráticos, los denomina “sistemas de negociación burocrática” en los que las élites políticas y burocráticas acuerdan las decisiones; plantea que deberían controlarse por medio de rendición de cuentas, el problema es cómo.

Desde la perspectiva del pensamiento aristotélico, invocado por el constitucionalista Felipe Tena Ramírez, que entiende a la democracia como la voluntad representada en el orden legal del Estado idéntica a la voluntad de los súbditos, y teniendo en cuenta que la seguridad pública es definida por la Constitución Federal y su ordenamiento reglamentario, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una función del Estado Federal mexicano, a cargo de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios, que tiene como finalidad preservar la paz y el orden públicos, la libertad y los derechos ciudadanos, mediante la prevención de los delitos, la procuración e impartición de justicia y la reinserción social de los delincuentes, es innegable la relación que existe de origen entre democracia y seguridad pública.

En el régimen democrático mexicano se distinguen principios que son esenciales para clarificar la afirmación precedente, que devienen del contenido de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

  1. a) La soberanía popular es la creadora del Estado Federal mexicano;
  2. b) La soberanía popular es la fuente del sistema jurídico mexicano;
  3. c) La soberanía popular es la generadora de los representantes públicos; y
  4. d) La soberanía popular es la recipiendaria de la actividad del Estado Federal mexicano, de la aplicación del sistema jurídico y del cumplimiento de las atribuciones de los representantes públicos.

Tales principios de la democracia mexicana, se correlacionan intrínsecamente con el postulado contenido en el artículo 3º de la propia Constitución Federal, que define a la democracia como un sistema de vida fundado en el mejoramiento constante de la vida social.

Los conceptos sistema de vida y mejoramiento constante de la vida social, son determinantes para clarificar el significado de la democracia y la relación entre ésta y la seguridad pública.

Sistema de vida social debe entenderse como el conjunto de las actividades e interrelaciones que prevalecen en la nación, conduciendo a las esferas de desenvolvimiento colectivo: económica, cultural, educativa, etc.

Mejoramiento constante de la vida social ha de concebirse como el cambio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de la interacción social, generador de estados sociales progresivos.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el sistema de vida social se rige por el sistema jurídico, y que en este se define el proyecto de nación al que aspiramos, aunado a que el sistema jurídico es dado por los representantes de la sociedad, puede concluirse en este tema, que la democracia es – como afirmara Tena Ramírez – la voluntad ciudadana expresada en normas jurídicas.

Por otra parte, siguiendo la teoría de Pablo Alberto Bulcourf, respecto a que en los procesos sociales y políticos encontramos los componentes de un régimen democrático, puede sostenerse que ello es aceptable, en tanto que siendo los procesos sociales cualquier cambio o interacción en la sociedad y los procesos políticos son cambios en la esfera de la actividad política en sociedad.

Lo anterior produce la convicción de que la democracia es una forma de interactuar en la vida social, que se inscribe en la esfera de expresión del poder político.

En este tenor, puede sostenerse válidamente, que la interacción en la vida social tiene otras esferas de desenvolvimiento, además de la política, como son la cultural, la económica y otras.

Asimismo, en la interacción social deviene obvia la observancia de las normas jurídicas dadas a sí misma por la sociedad a través de sus representantes, pero no puede dejarse de lado que la inobservancia es también consecuencia lógica de la vigencia del sistema jurídico.

En este rubro se inscriben las conductas ciudadanas dirigidas a violar el sistema jurídico y, con ello a apartarse del pacto social de unidad, orden y paz públicos, como también a afectar la integridad, derechos, libertades y bienes de la población. Aquí se sitúa a la inseguridad pública y a la función estatal de brindar seguridad.

Ahora bien, siendo el Estado la integración de población, territorio y sistema jurídico, con el fin de crear una comunidad que encauce la vida social y el poder político, para alcanzar evolución individual y colectiva, su vinculación con la democracia es tangible, de causa a efecto.

Esta vinculación es tangible, pues la democracia es en sí misma la forma en que se encauza el poder político encarnado en cada individuo y en cada grupo de la nación.

La relación es de causa a efecto, porque organizando su acción política en la fórmula democrática, es que los individuos crean al Estado; y al crear al Estado establecen a la democracia como obligación ciudadana la de encauzar por la vía colectiva el poder político.

En tanto todo social, en tanto todo político, el Estado es creado para erigir una realidad jurídica, en la que los individuos asumen no solo como obligación formal la práctica democrática en su interacción con otros individuos, sino que la adoptan por convicción como la mejor fórmula de relación social.

Además, la creación del Estado conlleva a la convicción de que solo mediante la organización y encausamiento del poder político en la democracia, será posible alcanzar los fines de la propia asociación o unión.

Luego entonces, el Estado se crea como soporte de la democracia. Esto es como el garante de que el todo habrá de subordinar a las partes. Como el ente público que obligará a acatar el pacto social.

Por tanto, El Estado tiene funciones que le obligan a instituir, mantener y fortalecer a la democracia.

El conjunto de las disposiciones constitucionales anteriormente mencionadas aluden a la decisión nacional y a la obligación de los servidores públicos de observar, preservar y fortalecer el sistema democrático como cimiento de la vida social

Si bien las disposiciones constitucionales transcritas con antelación imponen a los titulares de los poderes públicos, a los servidores públicos y a los propios ciudadanos la obligación de preservar y fortalecer la democracia, las disposiciones reglamentarias de la Constitución Federal, explicitan tales deberes jurídicos y asignan responsabilidades específicas para su preservación:

En el caso del Poder Ejecutivo federal, de conformidad con la función tripartita que se le confiere al titular de dicho poder público, de encabezar la función de representación del Estado mexicano, de ser responsable de la gobernabilidad de la nación y de dirigir la administración pública, corresponde a dicho titular del poder ejecutivo representar a la nación mexicana ante los países del exterior, mantener el orden y la paz públicos mediante la prevalencia del estado de derecho y satisfacer las necesidades sociales..

La ley reguladora de la organización y funcionamiento del poder ejecutivo federal, en sus tres vertientes de responsabilidad mencionadas, se refiriere a una de dichas funciones del poder ejecutivo federal.

El ambiente político previo a las elecciones en nuestro país parece complicarse a medida que se acercan las jornadas electorales, y dentro de ésta y la etapa de impugnaciones y resoluciones de autoridades acerca de los resultados electorales.

Las situaciones más visibles y deducibles acerca de las perspectivas de las elecciones son las siguientes: confrontaciones públicas entre dirigentes partidistas; agresiones físicas contra dirigentes o aspirantes partidistas; inminente formación de bloques partidarios; incremento de la delincuencia común y organizada; aumento de la violencia y la crueldad delincuencial; y sospechas de intervención de la delincuencia, sobre todo organizada, en la designación de candidatos a cargos de elección popular.

La información periodística da cuenta en cada proceso electoral de situaciones como las mencionadas.

Ante esta situación el Estado mexicano debe crear un marco regulador de prevención y justicia electoral pertinente y suficiente. De otra suerte, la democracia correrá el riesgo de ser deformada en su benéfica concepción política primigenia.

En conclusión, la democracia es una forma de interacción social, de convivencia, en la que los asuntos públicos de encausan mediante la voluntad colectiva y la visión general. En un sistema democrático, la voluntad general subordina a la voluntad particular. La subordinación de la voluntad individual a la general, conlleva a la forma de convivencia democrática.

En México, la Constitución federal consagra el sistema democrático, puntualizando que todo poder público se instituye en beneficio de la sociedad. Los poderes públicos que forman el supremo poder de la federación del Estado federal, representativo, popular y democrático mexicano son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada poder  público, conforme a su función general, expide leyes, las ejecuta y dirime las controversias que se susciten con motivo de su expedición y aplicación, respectivamente, cumpliendo su misión en nombre de la nación.

En nuestro país, la democracia está considerada e impulsada en forma integral, no solo como expresión de elección de representantes,

Por razones políticas fundamentales, la seguridad pública se encuentra plenamente vinculada a la democracia, pues por su voluntad general la sociedad designa sus representantes y, éstos en ejercicio de esa representación, expiden normas jurídicas para crear instituciones que protejan el sistema democrático y a sus creadores.

La sociedad, a través de sus representantes en el poder legislativo, también emite normas jurídicas para otorgar atribuciones a las instituciones y sus titulares, para evitar discrecionalidades.

A las instituciones se les confieren funciones específicas, pero al pertenecer a un poder público determinado, asumen la obligación de salvaguardar a la democracia.

Garantizar el orden y la paz públicos es condición sine qua non para preservar la democracia, en tanto forma de vida en la que prevalece la voluntad y el interés general.

La democracia ha venido sufriendo los embates de la inseguridad, particularmente de la delincuencia, la corrupción y del crimen organizado.Para asegurar la vigencia del sistema jurídico democrático, es preciso crear condiciones de seguridad pública, de orden y paz públicos, para que: las instituciones electorales organicen y desarrollen los procesos electorales; los candidatos a cargos de elección popular realicen sus campañas de proselitismo ante la ciudadanía; los ciudadanos cumplan su obligación de votar para elegir a sus representantes; las autoridades electorales determinen quienes han sido electos; los elegidos para los cargos públicos desarrollen las funciones que les fueron conferidas; y los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus representantes.

Las dependencias e instituciones encargadas de la seguridad pública, de cada orden de la organización del Estado Nacional, deben cumplir su encomienda.

Por ello, es recomendable capacitar al personal de las instituciones públicas encargadas de la preservación del orden y la paz públicos, en el cumplimiento de las funciones que se refieren a la salvaguarda de la democracia, en el ámbito de su competencia constitucional y legal.

Es indispensable expedir normas jurídicas instructivas al personal, para el cabal desarrollo de sus específicas atribuciones.

Deben evitarse intervenciones o participaciones en eventos o procesos propios de la democracia, sin verificar la previsión legal de competencia.

Es menester documentar mediante actas circunstanciadas de cualquier intervención o participación en eventos o procesos que tengan algún elemento de naturaleza democrática, para garantizar transparencia y evitar tergiversaciones de los protagonistas.

Habrá que realizar con estricta sujeción a la legalidad las funciones de apoyo o auxilio a otras instituciones de seguridad pública.

Debe asegurarse el cumplimiento de las instrucciones o solicitudes de colaboración de instituciones electorales, pidiendo los precisamientos necesarios para evitar confusiones y excesos en la atención.

Es siempre mejor limitar al máximo el empleo de la fuerza pública en eventos de naturaleza electoral.

Mantener la instrucción general de sujetarse rigurosamente al marco jurídico en cualquier participación que se realice en eventos electorales.

Debe garantizarse la intervención de las instituciones de seguridad conforme a la ley en todos los casos que les competan.

Es preferible aplicar los criterios de mínima intervención, última ratio para el uso de la fuerza pública, salvaguarda del bien mayor, empleo de medios no letales, colaboración y apoyo, en las intervenciones institucionales que sean necesarias y factibles.

Por último, es necesario efectuar antes del inicio del proceso electoral las acciones propias de la función preventiva e investigativa de probables hechos delictuosos, para evitar la contaminación política y su eventual demérito público.

gilberto.higuera@latitudmegalopolis.com

 

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