AVANCES, RETOS Y OPORTUNIDADES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO

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México vive una etapa crucial en su evolución en materia de justicia penal. Con ésta, transitan paralelamente, en la misma orientación, las instituciones policiales, ministeriales y judiciales.

El sistema penal acusatorio, instituido desde 2008 con las reformas a la Constitución federal, implicó la necesidad de una transformación de fondo y de forma en la función de seguridad pública a cargo del Estado Mexicano.

En particular, trajo consigo la urgencia de asumir cambios fundamentales a las fases de prevención del delito, de investigación y persecución de los ilícitos penales, de impartir justicia penal y de ejecución de sanciones en esta materia.

En la primera de ellas, urgió a las instituciones policiales a la adopción de nuevos procedimientos en su relación con la población, a partir de la prevalencia de los derechos humanos, elevados a una categoría superior con la reforma constitucional de 2011.

En la segunda, condujo a la implementación de nuevos procedimientos en la investigación y la presentación de los casos ante las autoridades judiciales.

En la tercera, motivó la transformación de roles formales a los protagónicos y responsables de la impartición de justicia de manera pública e inmediata.

En la cuarta, llevó a la consideración primigenia de nuevas concepciones, procesos y objetivos del cumplimiento de las sanciones penales y la reinserción social, incluso con la participación judicial.

En todas las fases referidas se han afrontado desafíos trascendentales y complejos, sobre todo, por la enraizada práctica de un modelo general agotado, desacreditado. Ineficiente e ineficaz en sus diversos cometidos.

El nuevo sistema de justicia penal provocó dudas e incertidumbre al interior de las propias instituciones encargadas de realizar los cambios el mismo que entrañaba. Dudas respecto de su viabilidad y pertinencia, acerca de su beneficios en un entorno caracterizado por la violencia creciente y la elevada incidencia delictivas, en particular, la relativa a la delincuencia organizada. Tales dudas e incertidumbre llevaron inclusive a suponer, en forma de rumor, la posible regresión al sistema inquisitivo mixto precedente.

Las defenestraciones al nuevo sistema de justicia penal fueron una constante al interior de instituciones, como también en ciertos sectores sociales. Su insuficientemente analizada extrapolación a nuestro país, la implementación diversificada y descontemporizada en las Entidades Federativas, la matización deviniente de los relevos normales en los gobiernos estatales y federal, fueron algunos de los múltiples señalamientos al cambio anunciado y luego puesto en marcha.

No obstante lo anterior, la implementación del nuevo sistema de justicia penal siguió su curso proyectado desde la propia Constitución federal, al establecer nuevas normas, principios, procedimientos y plazos.

Desde la Federación se coordinó el proceso implementador, asesorando, coordinando y apoyando con recursos presupuestales en los rubros de planeación, infraestructura, equipamiento y la capacitación integral.

Se trató de un acompañamiento en el que las instituciones de la Federación y de las Entidades Federativas aprendieron de manera gradual, con atisbos de dudas y preocupaciones acerca del resultado final: su viabilidad para mejorar la situación de seguridad pública existente.

En el trayecto implementador se produjeron sustituciones de titulares de muchas instituciones locales y algunas federales que tenían participación en dicho proceso, originando disminuciones y también reforzamientos en las actividades comprendidas en la implementación.

Al arribar a junio de 2016, fecha en que debía concluir el proceso implementador, la Federación y los Estados cumplieron en tiempo y forma. Aquella y algunas de éstas apenas en el período establecido para ello.

El saldo es y sigue siendo diferenciado. Estados que avanzaron con diligencia y consistencia hacia el objetivo, otros que los hicieron con cierta medrosidad y aquellos que tomaron decisiones de último momento. Pero al fin, todos cumplieron.

La Federación, por su parte, logró el objetivo implementador también con diversidades, en tiempos, procesos y medios. Las áreas desconcentradas lo hicieron de manera gradual, por Entidades y en todos los delitos, mientras las áreas especializadas lo consiguieron con cierta morosidad y aplicación de reglas de especialidad.

Al final, la Federación y las Entidades Federativas cumplieron. Sin embargo, los desafíos apenas empezaron.

Concluyó la etapa de implementación, pero se dio inicio a la de consolidación, anunciada precisamente al concluir aquella.

Respecto al órgano asesor y coordinador, éste fue suprimido. Con ello, se asignó la encomienda de coordinar el seguimiento de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo que hace a los Estados, éstos continúan recibiendo apoyos generales y específicos en el rubro presupuestal, que inciden en la consolidación del sistema acusatorio. Sieguen siendo coordinados en el proceso general de evaluación de resultados en dicho modelo de justicia penal. El seguimiento interno, como las metodologías y medios empleados en ello, son diversos, con resultados diferentes.

Acerca de la Federación, sus instituciones continúan sus propios procesos de consolidación, procurando asegurar avances, logros y éxitos a su interior.

Cabe destacar la evidente priorización que en cada orden del Estado mexicano se aplica a la mejora de sus propios procesos. Las instituciones policiales, ministeriales y judiciales estatales se ocupan de los suyos y la federación de los propios; entre ambos órdenes no se advierte una fusión de procesos y objetivos consolidatorios.

Acaso por la metodología empleada, quizá por las prácticas institucionales, o por cualquier otra causa, pero lo cierto es que no existe transversalidad en el proceso de consolidación del sistema acusatorio en nuestro país.
Las conferencias de Seguridad Pública Municipal, de Secretarios de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y del Sistema Penitenciario, con la denominación y funciones que les asigna la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, manifiestan su inviabilidad para contribuir al logro de la consolidación del sistema penal acusatorio.

Cada una de ellas, trabajando por separado, poco o nada aporta a la consecución de objetivos propios de una tarea de una envergadura tal como la articulación de funciones que concurren en el sistema acusatorio.

Así, los objetivos aparecen desarticulados y no orientados hacia un objetivo común: lograr una justicia penal que materialice el estado de derecho que la sociedad mexicana espera y demanda.

Pr cierto, en no pocos sectores de la sociedad pareciera que no están conformes con los resultados hasta ahora obtenidos mediante la aplicación del sistema penal acusatorio.

Muchos recriminan la laxitud y benignidad con que se procesa a los probables responsables de algunos delitos, generando conceptos como “puerta giratoria” y “barril de impunidad”.

Otros, señalan la general falta de capacidad y capacitación de algunos de los llamados “operadores” del sistema de justicia acusatorio, originando que jueces liberen y absuelvan a los conducidos al proceso penal.

Algunos, refieren que este nuevo modelo de justicia penal ha creado espacios para reavivar o mantener la corrupción al interior de las instituciones policiales, ministeriales y hasta judiciales.

Los menos, indican la necesidad de incrustar algunas figuras, reglas y procedimientos del sistema inquisitivo al nuevo modelo de justicia.

En un balance lo más objetivo posible, a casi dos años y medio de que concluyera la implementación de nuestro sistema nacional acusatorio penal – pues tiene sus propias peculiaridades – se puede afirmar válidamente que es aún mucho lo que debe hacerse para lograr sus objetivos como modelo y más aún para alcanzar la demanda social de justicia penal.

Continúan las insuficiencias – algunas hasta se incrementan – en los rubros básicos de personal sustantivo, de equipamiento, de infraestructura, de regulación normativa.

Se mantienen algunos vicios arraigados, como la falta de sensibilidad y actitud adecuada para prestar los servicios públicos de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, ejecución de sanciones y reinserción social.

A las autoridades encargadas de la prevención del delito se les sigue reprochando falta de eficiencia y efectividad para evitar la comisión de delitos y de reacción eficaz en la detención de quienes los cometen.

A los responsables de la investigación y persecución de los delitos se les cuestiona su lentitud y poca efectividad para esclarecer los hechos delictuosos y escasa capacidad para lograr que los probables responsables de aquellos sean sentenciados condenatoriamente.

A quienes se ocupan de conducir y resolver los juicios penales, se les critica su benevolencia para juzgar los casos que les conciernen.

En el ámbito de cumplimiento de sanciones penales, en particular la prisión, son frecuentes las fugas, desórdenes y conflictos, en muchos casos con resultados trágicos, al interior de los reclusorios o centros penitenciarios.

Por lo que toca a la reinserción social, las críticas son permanentes y crecientes, ante la reincidencia delictiva y la falta de mecanismos eficaces para lograr que quienes han sido sentenciados y han cumplido condenas muestren un verdadero cambio de actitud y se incorporen a la sociedad como agentes positivos.

En este sentido, los retos en materia de justicia penal que afronta nuestro país son mayúsculos.

Los podríamos clasificar en institucionales y sociales. Los primeros, corresponde atenderlos y resolverlos a los poderes públicos y sus órganos e instituciones responsables. Los segundos, deben ser encauzados y resueltos con la participación social.

En primer término, para lograr realmente la consolidación del sistema de justicia penal es urgente y necesario partir de la elaboración un diagnóstico nacional con la participación directa y universal de los operadores municipales, estatales y federales.

Ello, porque son los operadores quienes tienen la percepción directa de su propia actividad y resultados. Asimismo, porque son ellos los que pueden aportar elementos para una genuina proyección de los resultados.

Por supuesto, recoger estas percepciones de los operadores significará un gran esfuerzo y recursos, pero es la única manera de conocer la realidad y perspectivas del sistema acusatorio.

Es recomendable hacer esta recolección de información, percepciones y visión de los operadores, con abstención de sesgos y tendencias académicas e ideológicas. De hacerlo de esta manera, es resultado será mantener el estado actual de cosas.

En segundo término, es indispensable que las Conferencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública analicen colegiadamente la participación y resultados obtenidos hasta ahora en el sistema acusatorio por los integrantes de cada una de las instituciones.

Es indispensable que este ejercicio se lleve a cabo tomando en consideración la interdependencia funcional que existe entre las fases de prevención del delito, investigación y persecución de los mismos, impartición de justicia, ejecución de sanciones penales y reinserción social.

Es vital, que en ello se sustraigan los elementos que aparten de la objetividad, de la transparencia y de la rendición de cuentas.

Asimismo, es fundamental que los integrantes y titulares de las instituciones protagonistas del sistema acusatorio sistematicen la evaluación de sus acciones y resultados en forma integral.

Por otra parte, en lo que respecta a la participación social, es impostergable iniciar por realizar una campaña general, intensa y efectiva de divulgación del sistema acusatorio, destacando sus objetivos y alcances.

Esto evitaría partir de percepciones equívocas acerca de lo que la población espera y debería esperar del nuevo modelo de justicia penal. El peor escenario sería pretender mejorar o cambiar lo que no se conoce.
Además, es necesario que la población tenga mayor acceso a información acerca de lo que acontece en los espacios públicos donde se realizan funciones del sistema de justicia penal. La mejor percepción es la que se forma con información directa, objetiva y tangible.

También, es sugerible que las víctimas u ofendidos de los delitos participen más directamente en los procedimientos que llevan a cabo las autoridades de cada una de las fases del sistema de seguridad pública.

La accesibilidad, participación directa y transparencia en las actividades que realizan las policías preventivas y primeros respondientes, las agencias del ministerio público, los juzgados, los centros de reclusión y las instancias encargadas de la reinserción social, producirá mejor conocimiento, mejor opinión y más efectiva intervención social en la mejora del sistema de justicia penal.

 

gilberto.higuera@latitudmegalopolis.com

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4 Comentarios

  1. Adolfo Karam dice:

    Excelente, Gilberto es un experto en derecho penal

  2. Alfonso Merino dice:

    La falta de colegiación de los abogados postulantes o la preparación inadecuada de los jóvenes en las escuelas e instituciones de educación superior del país, podría generar “las condiciones del fracaso de este nuevo sistema de justicia, llegado el plazo constitucional”. Además de lo anterior y a la preparación técnico-jurídica de los operadores del sistema, todo indica a un gran fracaso porque no hay abogados preparados, escuelas que los formen, no hay personal en el ámbito de las procuradurías ni de las policías, ya preparados para atender las nuevas exigencias que habrá con el nuevo modelo, ni los controles suficientes, cuando la mayor parte de los asuntos serán objeto de la negociación entre postulantes defensores y acusadores.
    A nadie conviene su fracaso, el riesgo es alto, pero la oportunidad de mejorar y hacer más eficiente la justicia penal en México es aún mayor Y, en cuanto a la preparación técnico-jurídica de los operadores del sistema, la capacitación oportuna y adecuada de todos aquellos servidores públicos en quienes recaiga la responsabilidad de la implementación y operación de este nuevo procedimiento, se presenta como una necesidad impostergable y de enorme trascendencia; así también deben dejarse atrás vicios e inercias que marcaron el procedimiento anterior, y que en buena medida fueron causa de esta transformación.

  3. Rodolfo de la vega dice:

    Muy didactico para los no son especialistas como un servidor. Sin embargo, la imagen es que, salen y salen, los delincuentes de prision y los que entran, duran muy poco tiempo. De no cambiar rápidamente, los populistas de derecha, van a llegar al poder y adiós a los derechos humanos.

  4. Efraín Gastelum Padilla dice:

    Excelente artículo

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