REALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO

Por:

PRIMERA PARTE

 

 

En nuestro país, el sistema penitenciario es parte del sistema de seguridad pública, como lo establece la Constitución federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el primer párrafo de su artículo 18, que “solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados”.

En el párrafo segundo precisa que “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

En el tercer párrafo, dicho numeral señala que “La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa”.

Este precepto también prescribe que “La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social”.

Adicionalmente, el precepto en comento dispone que “Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley”.

El artículo 20 constitucional, en su apartado B, relativo a los derechos de toda persona imputada, en la fracción IX ordena que “En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención”.

El artículo 21 de la ley fundamental federal, en sus párrafos noveno y décimo establece que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Como tal, el sistema penitenciario se encuentra en la parte final del conjunto de etapas que integran el sistema de seguridad pública y le corresponde, como consagra la Ley Nacional de Ejecución Penal, el internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en la propia Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley, deben atenderse también los estándares internacionales.

En la ley general que se cita, se define al sistema penitenciario como el conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

La situación en que se encuentra el sistema penitenciario en la República Mexicana es evidentemente insatisfactoria.

Es del dominio público que en la ejecución de las sanciones penales, en los ámbitos normativo, procedimental, infraestructura, seguridad y de administración, las instituciones responsables no han logrado los objetivos planeados y programados, ni han obtenido los resultados esperados por la sociedad.

Por ello, existe conciencia colectiva de que es necesario cambiar radicalmente y de fondo todo lo concerniente a la ejecución de sanciones penales.

La situación imperante es resultado de un conjunto de factores que forman un contexto anterior y actual, externo e interno, normativo y operacional, presupuestal y administrativo, que no es adecuado para lograr el objetivo establecido por el precepto constitucional que rige la materia penitenciaria en nuestro país.

Tales factores constituyen una secuela que los gobiernos federal, estatales y municipales no se han determinado romper.

Los planes y programas aparecen más proyectados en un plano ideal que en la esfera de la realidad.

La voluntad de quienes han encabezado los Poderes de la Unión y de las Entidades Federativas, para organizar y atender como mandata la Constitución sus respectivos sistemas penitenciarios, no se traduce en la sistematización y presupuestación necesarias, como tampoco en la pretensión de realizar cambios paradigmáticos que son impostergables en dicho sistema.

Dicha actitud gubernamental ha propiciado una creciente indiferencia, una actitud conformista frente al estado de cosas que prevalece en materia penitenciaria.
Por una parte, en materia normativa, los ordenamientos y disposiciones legales que regulan el sistema penitenciario mexicano se expidieron durante muchas décadas desde dos planos: federal y estatal, con las consiguientes diferencias; además, en el plano federal, la legislación se caracterizó como antigua e insuficiente; en el plano estatal, la legislación fue discrecional, diversa y dispersa.

No obstante la emisión y vigencia de una ley nacional en la materia, la situación no parece haber cambiado mucho.

Los establecimientos de reclusión guardan diversidad por razón de la existencia de ellos en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Los recursos presupuestales son generalmente reducidos en proporción a las necesidades. La visión de cada autoridad es diferenciada, casi siempre en demérito del servicio público.

En materia de operación, la diversidad de planes y programas, administración, operación, capacitación y medios empleados en los establecimientos de reclusión, que incluye reminiscencias muy antiguas en la materia, originan problemas frecuentes y recurrentes.

Destacan la falta de medios tecnológicos de vanguardia, la capacitación adecuada, los bajos salarios, la discrecionalidad, la falta de participación ciudadana en la fiscalización de los establecimientos de reclusión.

Ante ese panorama, lo más grave es, por un lado, la percepción de los sujetos que son recluidos en el sentido de que los establecimientos son espacios de riesgo y para aprender nuevas formas de delinquir; y por otro, la percepción de la sociedad, de que tales establecimientos son lugares donde prevalecen el peligro, la corrupción y la impunidad; y para ambos segmentos, que la readaptación social es un ideal irrealizable. Ante ello, la reinserción social de los sentenciados que han cumplido sus condenas aparece como una utopía.

Existe, sin duda, consenso entre los diversos sectores sociales de que las leyes siguen siendo inadecuadas, la actuación de las autoridades no es ética ni eficaz, y los establecimientos son indignos e inhumanos.

Con frecuencia, se presentan casos que evidencian que en los reclusorios se venden privilegios a ciertos reos, se comercian drogas, se proporcionan servicios de prostitución, se cometen delitos que no reciben castigo, se aprende a delinquir, se delinque desde su interior, y muchas otras desviaciones de su objetivo reinsertatorio.

Esta situación no debe continuar, es inaceptable que se continúe simulando la existencia de un sistema se ejecución de sanciones que debe producir una efecto resocializador en los condenados.

Es inaceptable que se mantengan el hacinamiento inhumano, que se violen derechos humanos, que se propicien nuevas formas de delinquir y, lo que resulta más nocivo para la sociedad, que al obtener su libertad, los liberados reincidan en conductas delictivas.

La preocupante delictividad imperante y su tendencia creciente, así como la necesidad de asegurar el desarrollo evolutivo de la nación, son razones fundamentales para realizar un cambio de fondo e integral al sistema de ejecución de sanciones penales en nuestro país.

Existen muchas propuestas de expertos en la materia que ilustran sobre los que es pertinente hacer, se cuenta con antecedentes programáticos que informan acerca de la reiteración de los objetivos constitucionales aún inalcanzados, se dispone de experiencias de otros países que buscan solución a este complejo servicio público.

El estado de derecho, la justicia, el orden social, la convivencia pacífica y ordenada, la sociedad en general, será la beneficiaria de la decisión de reformar en forma esencial e integralmente el sistema penitenciario mexicano.

Para arribar a conclusiones válidas y formular propuestas de mejora pertinentes, es indispensable conocer y comprender objetivamente los objetivos y alcances de la disposición constitucional que rige al sistema penitenciario, así como sus modificaciones, para estar en posibilidad de desarrollarlo atingentemente.

El artículo 18 constitucional establecía originalmente “Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El lugar de ésta será distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas. Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal – colonias penitenciarias y presidios – sobre la base del trabajo como medio de regeneración”.

Los antecedentes constitucionales e históricos del artículo 18 Constitucional son los siguientes:

a) Art. 297 de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812.- “Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos; así el alcaide tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos”.

b) Art. 21 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814.- “Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano”.

c) Art. 72 del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822.- “Ningún mexicano podrá ser preso por queja de otro, sino cuando el delito merezca penal corporal y conste en el mismo acto, ó el quejoso se obligue a probarlo dentro de seis días, y en su defecto s satisfacer al arrestado los atrasos y perjuicios que se le sigan de aquella providencia”.

d) Arts. 31 a 35 del Proyecto de Constitución formulado por J. Joaquín Fernández de Lizardi de 1825.- “Art. 31.- Debiendo ser las cárceles no unos depósitos de perdidos, semilleros de vicios y lugares para atormentar la humanidad, como por desgracia lo son las nuestras, sino unas casas correccionales de donde los hombres salgan menos viciosos que lo que han entrado, se dispondrán en lo que adelante en edificios seguros; pero capaces, sanos y bien ventilados”. “Art. 32.- En todas ellas habrá departamentos de oficios y artes mecánicas, dirigidos por profesores hábiles, no delincuentes”. “Art. 33.-Si el preso tuviere algún oficio, como sastre, zapatero, etc., se pondrá con el respectivos maestro, quien lo hará trabajar diariamente, y de lo que gane el preso se harán dos partes, una para el fondo de la misma cárcel y otra para él, para que pueda socorrer a su familia si la tuviere”. “Art. 34.- Si el preso no tuviere ningún oficio, se le dejará a su elección que aprenda el que quisiere; y puesto con el maestro respectivo no saldrá de la cárcel hasta no estar examinado de oficial; y esto aun cuando haya compurgado el delito porque entró”. “Art. 35.- Por ningún motivo se permitirán en las cárceles naipes, dados licores, ni armas cortas; siendo de la responsabilidad de los directores de oficios el recoger y guardar diariamente todos los instrumentos de éstos”.

e) Art. 5º fracción IX del Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente de 1842.- “La Constitución otorga a los derechos del hombre, las siguientes garantías: Seguridad.-IX. El edificio destinado a la detención, debe ser distinto del de la prisión; uno y otro estarán en el lugar de la residencia del juez competente que ha de juzgarlos, y tanto el detenido, como el preso, quedan exclusivamente a la disposición del juez que conoce de su causa, sin que ninguna otra autoridad pueda intervenir en alguna cosa relativa a su persona, sus bienes, ó su juicio, debiendo limitarse a prestar á la judicial los auxilios que le pida y quedando éstos enteramente a sus órdenes”.

f) Artículo 13 fracciones XIII y XVII del Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 1842.- “Seguridad.- XIII. La detención y prisión se verificarán en edificios distintos; una y otra son arbitrarias desde el momento que excedan los términos prescritos en la Constitución. Ni el detenido, ni el preso deben ser custodiados fuera de la residencia del juez que ha de juzgarlos, ni preso en otro edificio que el que señalare su juez, conservándose allí a su absoluta disposición”. “XVII. Ni á los detenidos, ni á los presos, puede sujetarse á tratamiento alguno que importe una pena. La ley especificará los trabajos útiles á que los jueces pueden sujetar á los formalmente presos para su ocupación y los medios estrictamente necesarios para la seguridad de las prisiones”.

g) Art. 49 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856.- “Se arreglarán las prisiones de manera que los detenidos estén separados de los presos y que a ninguno se obligue a la comunicación con los demás presos o detenidos; y ni a uno ni a otros podrá sujetarse a tratamiento alguno que importe una pena. Las leyes fijarán los trabajos útiles a que puede obligarse a los presos y los medios estrictamente necesarios para la seguridad y policía de las prisiones”.

h) Art. 31 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 1856.- “Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En cualquiera estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le pueda imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, ó de cualquiera otra ministración de dinero”.

i) Art. 18 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857.- “Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En cualquier estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le pueda imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, ó de cualquiera otra ministración de dinero”.

j) Arts. 66 y 67 del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865.- “Art. 66. Las cárceles de organizarán de modo que sólo sirvan para asegurar a los reos, sin exacerbar innecesariamente los padecimientos de la prisión”. “Art. 67. En las cárceles habrá siempre separación entre los formalmente presos y los simplemente detenidos”.

k) Punto 44 del Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906.- El Partido Liberal Mexicano propuso la siguiente reforma constitucional: Establecer, cuando sea posible, colonias penitenciarias de regeneración, en lugar de las cárceles y penitenciarías en que hoy sufren el castigo los delincuentes”.

l) Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza de 1916.- “Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria y corporal. El lugar de prevención o prisión preventiva será distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas.

Toda pena de más de dos años de prisión se hará efectiva en colonias penales o presidios que dependerán directamente del gobierno federal, y que estarán fuera de las poblaciones, debiendo pagar los Estados a la Federación los gastos que correspondan por el número de reos que tuvieren en dichos establecimientos.

Con motivo de la presentación y debate del Artículo 18 Constitucional en el Congreso Constituyente de 1856, en la sesión del 25 de agosto de 1856, sin discusión se aprobó el artículo por unanimidad de 84 votos.

Durante la presentación y debate del Artículo 18 Constitucional en el Congreso Constituyente de 1916, en la 22ª sesión ordinaria del 25 de diciembre de 1916, se leyó el siguiente dictamen sobre el Artículo 18 del Proyecto de Constitución:

“Dictamen

Ciudadanos Diputados:

La primera disposición del artículo 18 del proyecto de Constitución, transcribe el mismo precepto que contiene el artículo del mismo número de la Constitución de 1857. Las demás partes preceptivas del antiguo artículo constitucional se ha separado en el proyecto para incluirlas en otro lugar, en las fracciones I y X del artículo 20, que es donde tiene cabida más apropiada.

En el proyecto se ordena que el lugar donde permanezca preventivamente todo inculpado, debe ser distinto del de prisión, por el motivo muy obvio de que, mientras una sentencia no venga a declarar la culpabilidad de un individuo, no es justo mantenérsele en común con los verdaderos delincuentes.
El segundo párrafo del artículo establece la centralización del régimen penitenciario en todo el país. Por este medio se podrá suprimir el gran número de cárceles inútiles que hay ahora en la mayoría de los Estados, y establecer unas cuantas penitenciarías en las que se podría emplear un sistema de corrección moderno y desarrollado con toda amplitud, de tal suerte, que aún los Estados de pocos elementos podrían disfrutar de las ventajas de un buen sistema penitenciario, sin mayor gasto del que han hecho hasta ahora.

A pesar de esta conveniencia innegable, nos declaramos en contra de toda centralización, porque conduce a graves males en una república federativa. Todas aquellas facultades naturales de los Estados, a las cuales renuncian en busca de un beneficio común, van a robustecer el Poder Central, favoreciendo así el absolutismo. Una vez centralizado el régimen penitenciario, las facultades de los Estados en materia de legislación penal, acabarían al pronunciarse las sentencias; en la ejecución de éstas ya no podrían los Estados tener injerencia ninguna; deberían abstenerse de legislar en todo lo relativo a la imposición del trabajo como pena, en lo referente a libertad preparatoria y en retención de pena y en lo que se refiere a indultos. Un menoscabo tan considerable en la soberanía de los Estados daría margen a la arbitrariedad del Poder Central, principalmente al tratarse de delitos políticos. Por ejemplo, quedaría en manos del Ejecutivo Federal agravar la situación de un inculpado, designando como lugar expiatorio para un delincuente de la altiplanicie, un presidio de la costa, o a la inversa.

La tesis de la centralización del régimen penitenciario presupone que la Federación tiene mayores elementos económicos y científicos que un Estado, considerado aisladamente; pero hay que reconocer que hasta ahora la verdad no corresponde a esa hipótesis, pues las penitenciarías establecidas por la Federación han sido tan deficientes como las de los Estados. Si se prohibiera a éstos la facultad de legislar en lo relativo a los establecimientos penitenciarios, se mataría la iniciativa que puede existir en los especialistas de provincia y que es muy importantes, porque también en esta materia debe tenerse en consideración las circunstancias locales. Hay delitos más comunes en una región que en otra, y en cada una abundan determinadas especies de delincuentes; los medios de regeneración deben ser también distintos y las personas que limitan su campo de observación a una comarca, están en mejor situación de acertar en el estudio de las medidas legislativas relacionadas con las cuestiones locales.
Por último, una de las consecuencias de la centralización del régimen penitenciario, sería que los penales quedarían alejados a gran distancia de su residencia anterior, y con ello quedarían privados de recibir las visitas de sus familias; quedaría cortado el único lazo que une débilmente a los penados con la sociedad, lo que sería demasiado cruel, tanto para el delincuente como para sus deudos.

En tal virtud, proponemos que se substituya el segundo párrafo del artículo que estudiamos, imponiendo a los Estados la obligación de establecer el régimen penitenciario sobre la base del trabajo como medio de regeneración, y conservando original la primera parte en la forma siguiente:
Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal o alternativa de pecuniaria y corporal. El lugar de prevención o prisión preventiva será distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de penas.

Los Estados establecerán el régimen penitenciario sobre la base de trabajo, como medio de regeneración del delincuente.

Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, diciembre 22 de 1916.- Gral. Francisco J. Mújica.- Alberto Román.- L.G. Monzón.- Enrique Recio.- Enrique Colunga.”

Este dictamen provocó un profundo debate entre los Diputados Pastrana Jaimes, Macías, Medina, Colunga, Chapa, Palavicini, Terrones, Dávalos, De la Barrera y Silva, en el que los temas centrales fueron la polémica si debía dejarse al arbitrio de los Jueces determinar si imponía prisión en casos de delitos de pena alternativa, pecuniaria o corporal; el rechazo a la centralización del sistema penitenciario en nuestro país; y la discusión acerca del modelo de ejecución de penas que debía instituirse en la República Mexicana: colonias, penitenciarías o presidios.

Los legisladores que apoyaban la redacción del artículo 18 propuesto por Venustiano Carranza en el Proyecto de Constitución justificaban la centralización del sistema penitenciario en que los Estados no tendían los recursos presupuestales necesarios para instalar un sistema penitenciario, y que debían desaparecer las cárceles que tenían a su cargo; los opositores señalaban que tampoco la Federación tenía los recursos necesarios para atender eficientemente este rubro, y que había Estados que sí estaban en posibilidad presupuestal de ocuparse del sistema penitenciario local.

Los adeptos a Carranza sostenían que el régimen penitenciario debía impulsar colonias penales, ya fueren agrícolas o industriales, pues el modelo de las prisiones había quedado abolido; los opositores sostenían que no existía un modelo perfecto. Al final, estas posturas se tradujeron en rechazo al dictamen propuesto por la Comisión, por 70 votos en contra y 67 a favor.

Por ello, en la 24ª Sesión Ordinaria celebrada el 03 de enero de 1917, se presentó un nuevo dictamen reformado sobre el artículo 18, el cual a la letra decía:

“DICTAMEN

Ciudadanos Diputados:

Habiendo sido desechado el anterior dictamen relativo al artículo 18, debe la Comisión reformar éste, siguiendo el sentir de la Asamblea. Dos fueron las impugnaciones que se hicieron al artículo 18, tal como la Comisión lo había propuesto: la primera se refirió a la prisión preventiva en los casos en que un delito tenga señalada penal alternativa de pecuniaria o corporal. La segunda fue la relativa a la obligación que, en nuestro concepto, debe hacerse a los Estados de implantar el régimen penitenciario. El diputado que sostuvo estas impugnaciones se declaró también por la federalización del sistema penal.
El dictamen anterior fue rechazado por setenta votos contra setenta y siete o sea un excedente de tres votos. En tales circunstancias, cumple a la Comisión interpretar el sentir de esta Honorable Asamblea y reformar el dictamen sin tener en cuenta sus propias convicciones.

Más de tres Diputados se han acercado a la Comisión manifestándole que votaron en contra del dictamen, solamente porque no estaban conformes con que se autorizara la prisión preventiva en el caso de que un delito tenga señalada pena alternativa de pecuniaria o corporal. En tal virtud, si la Comisión admite la enmienda a este respecto, se tendrá inclinada la mayoría de la Cámara a favor del resto del dictamen. Pero otros varios diputados, que también votaron por la negativa, han fundado su voto ante la Comisión, en su inconformidad con que se imponga como obligatorio a los Estados el establecer el régimen penitenciario, pues, en su concepto, debe dejarse a éstos en libertad completa para adoptar el sistema penal que prefieran.

Por tanto queda como punto indudable para la Comisión, que la mayoría de la Asamblea está en contra de la centralización del sistema penal que se pretende establecer en el proyecto de Constitución. En el mismo sentido se declaró la opinión de los suscriptos desde que comenzaron el estudio del artículo 18, y su convicción sobre este particular fue lo que principalmente impulsó a la Comisión a modificar el proyecto.

Frente a la importancia capital que tiene este punto, las demás impugnaciones aparecen ante nuestro criterio como de interés muy secundario. Sin embargo de que la Comisión no tiene que discutir ya estas últimas impugnaciones, porque han sido aceptadas por la Asamblea, no obstante, las ha analizado con serenidad y ha acabado por adoptarlas como propias: juzga conveniente la Comisión que se desautorice la prisión preventiva en el caso de que un delito tenga señalada pena alternativa de pecuniaria o corporal y cree también más liberal y democrático que se deje en completa libertad a los Estados para adoptar el sistema penal que les convenga.

En consecuencia, sometemos a la aprobación de la Asamblea el artículo de que se trata, modificado en los términos siguientes:

Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión preventiva por delito que merezca pena corporal. El lugar de prevención o prisión preventiva será distinta y estará completamente separado del que se destinare para la ejecución de las penas.
Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal – colonias penitenciarias o presidios -, sobre la base del trabajo como medio de regeneración”.

Salón de Sesiones del Congreso. Querétaro de Arteaga, a 27 de diciembre de 1916.- General Francisco J. Mújica.-Enrique Recio.- Enrique Colunga.- Alberto Román.- L.G. Monzón.

Este nuevo dictamen produjo otro debate, en el que participaron los Diputados Ugarte Gerzaín, Alberto Román, Pastrana Jaimes, Truchuelo, Francisco J. Mújica, Epigmenio Martínez, Hilario Medina, José M. Rodríguez y Enrique Colunga, en el que se ampliaron los argumentos esgrimidos en el debate acerca del primer dictamen de la Comisión.

El dictamen fue aprobado por 155 votos a favor y 37 en contra.

En razón de lo anterior, en la 64ª Sesión Ordinaria celebrada el 27 de enero de 1917, la Comisión de Corrección de Estilo presentó en una Minuta el artículo 18 ya aprobado:

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal – colonias, penitenciarías o presidios -, sobre la base del trabajo como medio de regeneración”.

El artículo 18 de la Constitución vigente desde 1917 ha tenido diversas reformas, de las cuales nos ocuparemos en la siguiente colaboración.

 

 

gilberto.higuera@latitudmegalopolis.com

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