LA AMENAZA DE TRUMP DE CERRAR LA FRONTERA

 

Editorial Jurídico

 

LA AMENAZA DE TRUMP DE CERRAR LA FRONTERA

 

“Enfrentarse, siempre enfrentarse,
es el modo de resolver el problema.
¡Enfrentarse a él!”.
 
Joseph Conrad
 

 

En pasado fin de semana fuimos testigos de una serie de eventos que no recordamos hubieran sucedido en la frontera norte del país, en las cuáles agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América dispararon gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma en contra de una multitud de migrantes centroamericanos que pretendían brincar la frontera norte al modo de como lo hicieron en Tapachula, Chiapas, hace aproximadamente un mes.

El evento no es cosa menor, atento a que es una clara violación a los tratados internacionales y constituyen una agresión a la soberanía de México, pues los efectos de los disparos alcanzaron a personas que no estaban en territorio estadounidense, sino que estaban del lado mexicano, vale la pena destacar que entre la multitud estaban mujeres y niños, mismos que sufrieron los efectos de los gases tal y como observamos en las imágenes gráficas de los reporteros que cubrieron el evento.

Sin embargo, sin soslayar lo delicado de dicha situación que debió haber tenido un reclamo enérgico y digno de un gobierno aún en funciones, todo nace de un problema que de fondo radica en que la Ley de Migración que vino a sustituir a la antigua Ley General de Población es letra muerta, pues las facultades que le otorga a las autoridades en materia de control migratorio no se aplican en razón de la presión social que ejercen algunas organizaciones civiles no gubernamentales y por supuesto como consecuencia de la existencia del fantasma de San Fernando, en Tamaulipas que aún recorre el territorio nacional y que inhibe a la autoridad responsable de garantizar las disposiciones de la Ley de Migración, aún y cuando éstas son de orden público y de observancia general en toda la República, y que tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

Dicha Ley establece en su artículo 2º. que la política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos de dicha Ley, que se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Pues bien, todo esto en la práctica no se aplica y ha generado un problema que aún no hemos terminado de dimensionar.

Debemos aclarar que de ninguna manera estamos planteando una actitud xenofóbica en contra de los migrantes que se encuentran en territorio nacional, pero hay que reconocer que la inactividad y complacencia por parte de la autoridad en permitir actos al margen de la ley de un gobierno que está a horas de dejar el poder le deja al gobierno que llega un grave problema que ya tiene repercusiones internacionales que no fueron calculadas.

Las amenaza directa de cerrar toda la frontera sur por parte del presidente de los Estados Unidos de América, sumado a la agresión sufrida en territorio nacional, obliga a repensar cual deberá ser la actitud que tengan que asumir las autoridades responsables de la aplicación de la ley, pues al margen de todo lo anterior se debe reconocer que se está gestando un conflicto social en la ciudad de Tijuana que puede desencadenar reacciones no deseadas entre los pobladores de dicha ciudad fronteriza y los migrantes, mismos que están hacinados en campamentos que no cuentan con las condiciones de salubridad y seguridad mínimas, sumado al hecho de que hay numerosos niños y personas adultas en situación de riesgo.

Sumado a lo anterior el gobierno norteamericano informó de un supuesto convenio, el cual fue desmentido por quiénes serán responsables del tema migratorio en unos cuantos días, referido éste a que los migrantes centroamericanos deberán permanecer en México hasta que en su caso se resuelvan sus solicitudes de asilo político por parte de las autoridades norteamericanas, sin embargo la Ley de Migración en su artículo 52 no contempla ninguna figura que justifique su estancia en el país en tanto se resuelve ese trámite.

En esa ruta se corre el riesgo que lo que sigue será que todos los expulsados de Estados Unidos de América, con independencia de su país de origen o nacionalidad, los pongan en territorio mexicano, como ya antes se ha intentado por parte del gobierno del país vecino y a lo cual las autoridades mexicanas se han negado.

El problema está enfrente de nosotros y pronto y bien se deberá tomar una decisión al respecto. De una cosa estamos ciertos, prolongar el problema no lo resolverá y puede traer aparejadas consecuencias dramáticas a la luz de los factores que conspiran en contra de las personas que están huyendo de la miseria, la marginalidad y la violencia que existe en sus países de origen.

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