CUANDO LA CORRUPCIÓN DE MENORES NO ES DELITO

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El pasado viernes 1 de marzo de 2019, el Semanario Judicial de la Federación publicó la tesis aislada –no obligatoria, aún- 1a. XXII/2019, de la Primera Sala, que determinó que no se comete el delito de corrupción de personas menores de edad si ésta –la menor- consintió válidamente, esto es si frente al imputado se encontraba en situación de igualdad y libertad, pues de ser el caso no existiría el delito. La Corte considera que una adolescente puede proporcionar su consentimiento para ser corrompida –inducida a realizar actos sexuales, que es el supuesto que estudia-, pues en tal caso actúa en ejercicio de su “sano y libre desarrollo sexual”, lo que es un poco impreciso, puesto que el bien jurídico tutelado no es como indica la Corte el “libre desarrollo de la sexualidad”, sino el “libre desarrollo de la personalidad”, así lo señala el Título Sexto del Código Penal de la Ciudad de México.

La Corte señala que la menor puede libre y voluntariamente ejercer su sexualidad, sin embargo en el caso no se trata de eso, se trata como el delito lo indica: de corrupción de menores, así se titula el delito. Y según el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 184, que es el que revisa la tesis de referencia, la corrupción de menores consiste en (obligar, procurar) inducir (o facilitar) que la persona menor de edad realice actos de “exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual, prostitución, ebriedad, consumo de drogas o enervantes, consumo de solventes o inhalantes, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos.” Como se aprecia, el tema no es el libre ejercicio de la sexualidad sino como hemos indicado la corrupción de menores, en consecuencia el objeto de protección el libre desarrollo de su personalidad, esto es del menor de edad, cuya personalidad precisamente se encuentra en desarrollo. Lo que tampoco deja de ser problemático, pues uno de los temas probatorios sería si se afectó o no el libre desarrollo de la personalidad con los actos indicados, y en caso de realizarse el acto referido pero no afectar el libre desarrollo de la personalidad no habría delito.

De cualquier forma el tema no es la libertad de consentir, tal sería solamente en un supuesto, y el tema no se agota en obligar, quien está obligado no consiente libremente, puesto que también se contemplan otros supuestos “procurar, inducir o facilitar”, en los que pudiera existir consentimiento, lo que a criterio de la Corte permite al corruptor quedar impune. Lo que no debería ser así, ya que hemos indicado lo que se protege no es la libertad de decidir, de acuerdo a la propia redacción del Código, sino, insisto, el libre desarrollo de la personalidad, lo que debe protegerse hasta el cumplimiento de los 18 años.

En virtud de que no se trata de proteger la libre decisión de la menor no es dable buscar justificar la agresión cuando no exista plano de desigualdad entre ésta y su agresor, como erróneamente afirma la Corte, para la cual sólo se debe castigar al agresor cuando exista una relación asimétrica no así cuando existan situaciones de “igualdad”, pone como ejemplo que si entre la menor (17 años, pongamos) y su agresor existe “notoria diferencia de edad” sí hay delito, por el contrario si no existe notoria diferencia –supongo 18, 19 o 20 años) no habrá delito. También habrá delito cuando exista diferencia o simetría con el agresor por relación de “poder o cualquier otra condición de desigualdad”. Lo que es válido para otros delitos, pero no para este, puesto que el tipo penal no lo exige, en este delito debería ser suficiente obligar, procurar, inducir o facilitar los actos que el código señala como de corrupción, por tratarse de menores de edad.

Amén de que el análisis de la Corte es equivocado, puesto que el objeto de protección no es la libertad de decisión acerca de la propia sexualidad de la persona menor de edad, también lo está, a mi consideración, el legislador al señalar que dicho objeto de protección lo es el libre desarrollo de la personalidad, puesto que los actos de corrupción quedarían impunes cuando no afectaran dicho desarrollo, no así cuando se viera afectado, lo que dependería de la fortaleza emocional de la víctima más que del acto del victimario, lo que al ser objeto de prueba considero lleva al sistema a revictimizar a la víctima.

Si el objeto de protección fuera claro, lo que le compete al legislador, se cerraría la posibilidad de la impunidad que generará la Corte con sus pretendidas soluciones progresistas, puesto que entender que en los casos de corrupción de menores que son inducidas a realizar prácticas sexuales se debe “ponderar las situaciones bajo las que una persona adolescente pudo válidamente haber tenido una relación o acto sexual; lo que no configuraría un delito reprochado a otra como imputada, sino que aquélla ejerció libremente sus derechos sexuales o reproductivos”, es no entender que se abre la puerta a la impunidad en este tipo de delitos.

De ahí la importancia de legislar con un mínimo de sensatez, a mi consideración otro debería de ser el objeto de protección en el caso de corrupción de menores.
Este es sólo un ejemplo de lo mal que estamos, al menos, en el plano normativo respecto de este tipo de delitos. El momento que vivimos, de reivindicación de derechos de la mujer, debería dar pie para una profunda reforma o al menos revisión de todos estos delitos.

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