ACERCA DE LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS

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En los últimos días presenciamos una acalorada discusión acerca de la validez de realizar denuncias anónimas, particularmente el debate se refería a cuestiones de violencia de género.
Me parece que el tema se refiere a dos aspectos, que a mi entender no tienen nada que ver –o muy poco que ver- el uno con el otro. Uno corresponde a “las denuncias anónimas” que podemos llamar informales, esto es vía redes sociales fundamentalmente, y el otro aspecto debe hacer referencia al tema formal, esto es la “denuncia anónima” ante la autoridad.

Desde el punto de vista formal, esto es acerca de la posibilidad de presentar una denuncia anónima ante la autoridad –Fiscalía o Ministerio Público- el día de hoy es perfectamente válido, esto significa que a partir de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP, en vigor entre 2014-2016), el Ministerio Público deberá recibir las denuncias anónimas que le sean presentadas (artículo 131, fracción II, del CNPP), la misma obligación la tiene la policía (artículo 132, fracción II del referido ordenamiento). La recepción de la denuncia anónima conlleva la obligación de la autoridad de iniciar la investigación correspondiente, verificar los datos, es la terminología que emplea el Código Nacional (artículo 221). Por lo que en el plano meramente jurídico no existe tema de discusión, es perfectamente válido presentar una denuncia anónima.

En el anterior sistema, curiosamente llamado inquisitivo, no se admitía la denuncia anónima. Me refiero a que la denuncia anónima fue ampliamente empleada por la Inquisición. En tanto que en el actual sistema, llamado garantista o adversarial, sí se admite la denuncia anónima, desde luego esto responde a la realidad de la vida social en México, en que al momento de que la víctima proporciona sus datos de identificación suele ser objeto de intimidación o violencia más grave por parte del agresor. Lo que valida esta forma de actuación en la actualidad.

Ahora bien, presentada la denuncia anónima formal, como el código lo indica, se deberá verificar la información, por lo que al tratarse de violencia de género –la que suele estar dirigida a una persona determinada, por un agresor determinado- de poco servirá lo anónimo de la denuncia, esto es tarde o temprano se sabrá la identidad de la víctima, que puede ser la propia denunciante o no.

Lo que debe obligar a la autoridad a perfeccionar los mecanismos de protección a las víctimas, lo que hasta el momento no existe. Existen otros dos problemas: los criterios de prueba, en la vía formal se debe probar, donde las reglas convencionales hacen difícil el tema, de ahí que se insiste en “juzgar con perspectiva de género”, lo que tampoco es vigente, puesto que nuestro sistema está acostumbrado a exigir la prueba indubitable, que no haya lugar a dudas y ante la duda absolver, lo que constituye un problema hasta el momento difícil de abordar. El otro problema lo constituye la prescripción, esto es que con el paso del tiempo “el delito deja de ser delito”, el paso del tiempo beneficia al agresor, cuando estos hechos generalmente requieren que la víctima atraviese por un proceso –a veces largo a veces corto- para que lo asimile, lo pueda procesar y eventualmente denunciar, en no pocos casos y me atrevería a decir que en la gran mayoría cuando la víctima ya es capaz de denunciar resulta que todo ese tiempo que empleo en recuperarse benefició al agresor y su delito dejó de ser relevante para el sistema.

Fuera de este ámbito legal o formal, lo que se echa a andar con la denuncia anónima es la presión social, que por cierto siempre ha existido y debe ser objeto de un análisis meta jurídico puesto que, como he indicado, en el ámbito jurídico es perfectamente válida la denuncia anónima.

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