LOS DELITOS EN MATERIA MIGRATORIA

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El tema de la migración en nuestro país no constituye únicamente un tema de seguridad y de control de flujos migratorios, sino también de Derechos Humanos. Es por ello que a través de éstos últimos la normatividad nacional se ha modificado, particularmente en las últimas décadas, en donde hemos transitado de la criminalización del migrante a la criminalización de aquellas personas que buscan obtener u obtienen un lucro de dicha actividad.

En los último sexenios la situación de la seguridad pública en México ha impactado fuertemente en la población como consecuencia del alto nivel de violencia generada por el crimen organizado; cuyos efectos también han alcanzado a las personas migrantes en México, en particular los migrantes en situación irregular. Por ejemplo, son víctimas de los secuestros masivos, extorsiones, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones, lo que ha servido para visibilizar cuán graves son las violaciones a los derechos humanos que afrontan las personas migrantes en situación irregular que transitan por México.

Como ocurre en otros temas, las reformas normativas en México obedecen no a la intención de las autoridades o legislaturas de este país sino a la presión internacional. Con la reforma a la Ley General de Población (LGP) de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de ese año, que despenalizó en México la migración irregular se pretendió, al menos en el plano normativo, cumplir con la exigencia a este respecto de la Organización de las Naciones Unidas.

Los preceptos de la LGP que preveían y sancionaban los delitos en materia migratoria fueron derogados y pasaron a ser previstos, en los mismos términos según consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el título octavo de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, que es nuestra regulación vigente.

Bajo esta normativa se sanciona únicamente el tráfico de migrantes no así la migración irregular, lo que llevó, en los últimos años (2011 a principios de 2019) a una gran permisividad respecto no solo del ingreso de personas a nuestro país en situación irregular sino que, al no poderlos distinguir –y por otra parte con la complicidad o silencio del migrante-, dicha permisividad se extendió a todas aquellas personas que de alguna forma contribuían al traslado o tránsito de migrantes obtuvieran o no beneficios.

Ante las nuevas circunstancias, impuestas también desde el extranjero, tenemos que no solamente se agravan las condiciones de seguridad pública (participación de la Guardia Nacional en el tema), la regulación del flujo migratorio (intervención del Instituto Nacional de Migración) y, es previsible, la persecución de quienes trafican con el tema, quienes son los destinatarios de la vigente legislación penal migratoria. Tres ejes de intervención de la autoridad que deberán estar atravesados por los Derechos Humanos sino es así estaremos en los albores de un grave conflicto migratorio, que hasta hace poco no existía.

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Un comentario

  1. Ana Ma Alcántara dice:

    Gran trabajo de investigación. Felicidades muy bien.

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