¿QUÉ DICE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO?

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La ley de extinción de dominio establece la pérdida de los derechos que una persona tenga sobre bienes, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean objeto o producto de la delincuencia o de la comisión de delitos como: delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión y recursos de procedencia ilícita (artículos 1-3).

Cuando se determine la pérdida de la propiedad de determinado bien, ésta pasará a manos del Estado. La extinción de dominio se llevará a cabo mediante la acción de extinción de dominio que se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial, donde prevalezca la oralidad, y mediante una vía especial, que la misma ley establece; el ejercicio de dicha acción recae sobre el Ministerio Público.

El proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e independiente del procedimiento en materia penal, que fundamente la acción, es decir, que será independiente de la investigación de la comisión del delito.

Una de las partes más delicadas de la ley, es que establece que las autoridades podrán proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio, es decir, que se puede disponer de los bienes sin que sea necesario que el hecho delictivo se acredite. Esos bienes pueden ser disponibles a favor de dependencias y entidades de la administración pública federal (artículos 223-229).

Se aplicará de forma supletoria el código civil federal, la ley federal para la administración y enajenación de bienes y el código nacional de procedimientos penales. Y de acuerdo al artículo 243 se establecerá un Registro Nacional de Extinción de Dominio, en el que serán inscritas las demandas y las sentencias de extinción de dominio. También establece un Instituto que tendrá por objeto la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes, esto último contemplado en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Hay puntos muy cuestionables respecto a la ley, ya que atenta contra el derecho a la propiedad y no justifica del todo el concepto de interés público, sin embargo en este espacio quise destacar las principales disposiciones de la ley de extinción de dominio, esperando sea de ayuda.

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