INCONSTITUCIONAL “LEY BONILLA”

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Aunque la ley amplió el mandato de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, de dos a cinco años, la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación

 

En una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”.

Se trata de la reforma a la Constitución de Baja California por la que el Congreso de esa entidad decidió ampliar el periodo del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.

Suscrito por los siete magistrados, el documento con la opinión jurídica de los integrantes de la sala superior registrado como SUP-OP-5/2019, hace referencia a la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para modificar el mandato del gobernador que tomó posesión el 1 de noviembre.

“El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional”, sostienen los siete magistrados en un documento enviado a la Corte.

El documento, que se incorporará al expediente de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores, tiene la firma del magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera así como los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Indalfer Infante González.

También la magistrada Janine Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez, así como la secretaria general de Acuerdos Berenice García Huante.

SE DESLINDAN DE OPINAR SOBRE REFORMA DE 2014
Luego de una exposición jurídica detallada, los magistrados electorales se deslindaron de opinar sobre las impugnaciones al proceso legislativo de la reforma electoral de 2014, con base en la cual se celebró la elección estatal del 2 de junio.

Esa reforma es la que establece que el gobernador constitucional electo en esa fecha estará en el cargo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Sin embargo, en la opinión jurídica directa sobre el proceso legislativo de esa reforma, uno de los alegatos de Bonilla no fue abordado por los magistrados.

“No son materia de opinión los motivos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo, y a los principios constitucionales de retroactividad, división de Poderes, prohibición de leyes privativas y conclusión de los efectos del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, por no ser de naturaleza electoral”, exponen en el documento los magistrados.

Esa reforma del 2014 fue impugnada con anterioridad ante la Sala Superior con diversos recursos ante las autoridades electorales locales por el entonces candidato de Morena a la gubernatura Jaime Bonilla.

Bonilla impugnó el periodo de dos años, así como su registro como candidato, en un ir y venir de recursos entre autoridades electorales locales y la sala superior del TEPJF -en donde también el tribunal local ampliaba el periodo-.

A ese panorama se sumó una ambigüedad de documentos oficiales entregados por las autoridades electorales locales al entonces gobernador electo, como la constancia de mayoría sin el periodo del mandato precisado, entre otros puntos.

Sin embargo, el 29 de mayo, a pocas horas de que terminaran las campañas electorales en Baja California, y a tres días de la jornada electoral del 2 de junio, la Sala Superior aprobó una sentencia en donde confirmaba que el registro se había realizado por dos años y que la inconformidad por la convocatoria que señalaba ese periodo fue presentada de manera extemporánea.

La Sala Superior del TEPJF, después de la elección, ha recibido varios recursos de ciudadanos, empresarios y candidatos impugnando la reforma aprobada el 8 de julio, después del proceso electoral y publicada hasta el 17 de octubre, a pocos días de la toma de posesión del hoy gobernador electo, y los ha desechado por considerar que no era una materia electoral pues impugnaban aspectos legislativos de la misma.

Esa misma sala tiene pendiente de resolver más de una decena de juicios de protección de derechos político electorales, presentados en contra de la toma de protesta por cinco años del hoy gobernador electo Jaime Bonilla así como el Bando Solemne emitido por la Legislatura y que fueron presentados por ciudadanos, empresarios y los ex candidatos a la gubernatura Oscar Vega Marín del PAN y Jaime Martínez Veloz, del PRD, que no se dan por vencidos.

La Corte tendrá la última palabra ante las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma en BC, que han presentado los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD); de Baja California, local (PBC), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El caso está en manos del ministro Fernando Franco González, quien en su historial profesional suma el haber sido el primer magistrado presidente del entonces Tribunal Federal Electoral, entre 1990 y 1996.

CAUSA EN COMÚN SUMA OTRO RECURSO LEGAL CONTRA LA AMPLIACIÓN DE MANDATO EN BC
María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, presentó este martes un amicus curiae para apoyar la acción de inconstitucionalidad impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, una medida aprobada por el Congreso estatal y conocida como “Ley Bonilla”.

En un mensaje a medios tras salir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Morera acusó que esa reforma representa un daño a la democracia mexicana.

“Apoyamos la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH porque la ‘Ley Bonilla’ vulnera los valores democráticos, como el respeto al voto. El Congreso de Baja California suplantó la voluntad de los electores, eligiendo (a Jaime Bonilla) de facto no por dos años, sino por tres años más, esto es como una reelección de facto”, dijo.

La CNDH presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación de mandato el pasado 30 de octubre. Ese recurso aún se encuentra en trámite.

De acuerdo con Morera, la reforma “contraviene las normas constitucionales pues no se promulgó ni publicó 90 días antes del proceso electoral de Baja California como marca la ley”.

El amicus curaie es un recurso empleado por terceros que, si bien no son parte de un litigio, sí tienen un interés justificado en un caso y consideran que pueden aportar al Poder Judicial elementos relevantes para resolver sobre él.

“La elección del 2 de junio se realizó bajo el decreto 102 (…) donde se estableció que el mandato para el gobernador electo sería solamente por dos años, porque así lo eligieron y así es como venía del decreto; entonces, iba a ser de noviembre del 2019 a 31 de octubre de 2021. Sin embargo, el pasado 8 de julio, o sea, un mes después, el Congreso de Baja California aprobó el decreto de reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución del estado a efecto de establecer que la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019 sería de cinco años, pero esto se hizo ya pasada la elección”, argumenta el documento.

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