¿DE QUÉ SE TRATA LA LEY NACIONAL DE USO DE LA FUERZA?

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La Ley Nacional de Uso de la Fuerza fue publicada el 27 de mayo de 2019, como parte del paquete de reformas para regular las funciones de la Guardia Nacional. Esta ley tiene como objetivo establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones (artículo 2 de la ley en comento).

De inmediato resalta el término de uso de la fuerza, que de acuerdo al artículo 3 de la misma ley se trata la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. El uso de la fuerza pública se regirá por los siguientes principios: absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia. De igual manera en todo momento se regirá por el respeto a los derechos humanos, lo cual es altamente cuestionable, porque supone el sometimiento de civiles, lo que atenta de primera mano contra la libertad de movimiento, pasando por el derecho a la integridad física y psíquica y por último poniendo en riesgo el derecho a la vida.

La ley regula siete niveles del uso de la fuerza, esto se traduce en la intensidad con la que será utilizada la fuerza:

1) Persuasión: cese de la resistencia a través del uso de indicaciones verbales o de la simple presencia de la autoridad.

2) Restricción de desplazamiento: determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión.

3) Sujeción: utilizar la fuerza física con moderación para lograr el control o aseguramiento de los individuos.

4) Inmovilización: utilizar la fuerza física con intensidad, pudiendo emplear medios o equipos destinados a restringir la movilidad de las personas.

5) Incapacitación: utilizar la fuerza física con máxima intensidad, permitiendo el empleo de armas menos letales, así como sustancias químicas irritantes que perturben las funciones sensoriales, con la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia, teniendo alta probabilidad de causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del agresor.

6) Lesión grave: utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor.

7) Muerte: utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión, con un alto riesgo de causar la muerte del agresor.

El uso de la fuerza se desplegará ante las siguiente amenazas: apuntar con el cañón de un arma de fuego, negarse a soltar un arma de fuego ante el requerimiento de la autoridad, poner en riesgo la integridad de una persona con un arma punzocortante y portar o manipular explosivos. Otras conductas que ameritan el uso de la fuerza son: resistencia pasiva (negarse a obedecer órdenes), resistencia activa (violencia, amago, amenaza) y resistencia de alta peligrosidad (violencia, amago, amenaza con armas); cuando éstas sean reales, inminentes y actuales.

El último punto más relevante e inquietante es el catálogo de armas permitidas para reprimir y someter, la ley las clasifica en: incapacitantes menos letales: a) bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables; b) dispositivos que generan descargas eléctricas; c) esposas o candados de mano; d) sustancias irritantes en aerosol, y e) mangueras de agua a presión. Y armas letales: a) armas de fuego permitidas, y b) explosivos permitidos.

En ningún caso es permisible en uso de la fuerza en contra de manifestaciones o reuniones públicas pacíficas y con objeto lícito. Cuando se despliegue la fuerza los agentes deberán rendir un informe. Cabe destacar que organizaciones a favor de los derechos humanos pidieron reconsiderar la aprobación de esta ley ya que es regresiva para los derechos humanos, de ahí la importancia de conocer su contenido.

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