SEPARACIÓN DE FAMILIAS DE INMIGRANTES

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Juez otorga importante triunfo a Trump

Una nueva estrellita en la frente de Donald Trump le acaban de adjudicar mediante un juez federal que dictaminó que él tiene la plena autoridad para aplicar la política de separación de familias de inmigrantes.

La medida política de separación de familias la cual se intensificó en 2018 tuvo como consecuencia polémica a nivel mundial, justificando sus atribuciones para asegurar la frontera sur con México.

Sin embargo, el lunes pasado el juez federal Dana Sabraw falló a favor del gobierno del presidente Donald Trump para que en el marco de su autoridad separe a familias migrantes que son detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Con tal medida según ellos pretenden parar la emigración ilegal.

Sobre el particular La Unión Americana de Libertades Civiles argumentó que el gobierno separaba a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, las que incluían infracciones de tránsito. Dicha asociación solicito, en julio pasado, al juez que emitiera un fallo sobre si el gobierno tenía la justificación para separar a 911 niños que se realizó desde que el juez puso fin a la práctica generalizada en junio de 2018.

El juez federal Dana Sabraw señaló en una decisión de 26 páginas que no encontró ninguna prueba de que el gobierno estuviera abusando de sus facultades y tiene la competencia el poder ejecutivo para proteger la frontera del país.

Prohíben a Policías de California pregunten estatus migratorio

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó este lunes dos quejas legales en contra de dos ciudades de California, por violar la ley santuario ya que “es ilegal” que policías pregunte por el status migratorio a individuos que se crucen en su camino, de acuerdo con la organización.

Y recomienda dicha asociación, que en caso de que la policía detenga o arreste a cualquier persona permanezca callado y busque asesoría con un abogado de emigración.

Las quejas legales presentada por esta organización, el condado de Orange y las ciudades de Tustin y Huntington Park incumplieron la ley SB 54, conocida como el Acta de Valores y que limita la colaboración entre la Policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La abogada de ACLU Jessica Karp Bansal, en California, dijo en un comunicado que “es ilegal” que efectivos policiales detengan a residentes locales para entregarlos a ICE. “ya que tiene efectos devastadores para sus familias y sus comunidades”.

Asimismo, ACLU informó que las quejas presentadas están relacionadas con las detenciones de Kelvin Hernández Román y José Maldonado, cuyos derechos “fueron violados de múltiples maneras”.

Hernández, fue detenido el 13 de julio del 2019 por dos agentes del Departamento de Policía de Tustin por las ventanas polarizadas de su auto. Los oficiales le hicieron varias preguntas sobre su estado migratorio, que, según la queja, son una clara violación de la Ley de Valores de California.

La cual establece que las autoridades locales no pueden “investigar el estado migratorio de un individuo”. Sin embargo, Hernández fue llevado a la cárcel de Theo Lacy hasta que las autoridades migratorias fueron a recogerlo.

Una situación parecida vivió Maldonado, quien fue arrestado el 15 de julio de 2019 por agentes del Departamento de Policía de Huntington Park por presuntamente estar bajo los efectos de una droga en la vía pública y aunque a Maldonado no fue acusado por dicho delito, la Policía lo retuvo por más de siete horas hasta que fue entregado a oficiales de ICE.

“Hay evidencia de que ésta ha sido una práctica habitual de la policía de Huntington Park”. Dijo ACLU en su querella. Cabe destacar que el 96% de la población de esta pequeña localidad ubicada al sur de Los Ángeles es latina.

Con la entablación de las quejas legales buscan que se le compense a los agraviados con una compensación monetaria y demandan investigaciones sobre dichos incidentes, además se pretende con ello la capacitación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley SB 54 y otras normas estatales que protegen a los inmigrantes.

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