SUPONIENDO, SIN CONCEDER

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Todavía acerca de la militarización de la Seguridad Pública

Al menos de forma pública y notoria el ejército mexicano realiza funciones de seguridad pública y de persecución de delitos desde el sexenio de Felipe Calderón, al menos es lo que se establece como voz popular, ya que permanece en el imaginario social la foto de Calderón con uniforme militar al frente de efectivos del ejército.

No obstante, esta situación es anterior, muy anterior, solamente para recordar la masacre de efectivos de la Policía Judicial Federal a manos de elementos del ejército, en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, en el predio conocido como Llano de Vívora, que le dio su nombre a dicho acontecimiento, lo que ocurrió en 7 de noviembre de 1991, en la era del salinato. Lo que para mí constituye un ejemplo público y notorio de la participación del ejército en funciones de seguridad pública e investigación y persecución de delitos.

Desde entonces y hasta hace poco la “lucha” más encarnizada que había vivido el ejército en nuestro país lo era por lograr un marco normativo que le permitiera, desde la Constitución y las leyes, participar en funciones de seguridad pública y en materia de investigación y persecución de delitos, dado que en la práctica, al menos desde el salinato y seguramente desde antes, lo ha hecho.

No se había podido dotar al ejercito del marco normativo que tanto pedían en virtud de la oposición que ello concitaba, fundamentalmente del grupo que ahora se encuentra en el poder –ver redes sociales, que dan cuenta de cómo los hoy gobernantes, cuando eran oposición, se oponían a dicho estado de cosas-, fundamentalmente, aunque también hay que anotar la oposición de organismos no gubernamentales –que en gobiernos anteriores eran un verdadero contrapeso del gobierno, hoy denostados por el oficialismo- y también la posición de organismos internaciones –antes fieros críticos de la actividad estatal, hoy tímidos comentaristas de las decisiones del gobierno-.

Con la reforma a la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, hace casi un año, el régimen actual dio –como ya lo hemos venido sosteniendo- el marco constitucional que tanto anhelaba el ejército. Marco que permite –al estar en la Constitución- sentar las bases para que se modifique toda la legislación a fin de que se dé entrada al ejército en labores de seguridad pública e investigación y persecución de delitos.

En regímenes anteriores se había optado por poner uniforme azul –coincide con el inicio del panismo en la presidencia, curiosamente, y el fin del zedillato (1999, Policía federal preventiva)- a grupos o elementos del ejército y simplemente cambiarlos de adscripción o bien ofrecerles aumento y darles de alta como policías, pero en el fondo seguían siendo militares, incluso seguían teniendo su formación en los cuarteles o campos del ejército. Se cuidaban, un poco, las formas a fin de dar la impresión de que se trataba de un cuerpo de policía civil, desde luego con el paso del tiempo la Policía Federal Preventiva se fue consolidando como un cuerpo de seguridad efectivamente civil.

Con el marco normativo que se requería se crea la Guardia Nacional que solamente en la letra de la legislación es un cuerpo civil, ya que como todos sabemos lo único que se hizo fue poner a los elementos del ejército un gafete con las letras GN –Guardia Nacional-, sin preocuparse siquiera de cambiarles el uniforme para así al menos dar la impresión de que se cambiaba en algo, como es tradición sexenal en México: siempre que se quiere cambiar algo, simplemente se le pinta con los colores que agraden al presidente en turno o se le cambia de nombre, imagino (solamente puedo imaginar) que como una policía con uniforme guinda se ve muy mal por eso se optó únicamente por el gafete GN.

De esta forma, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo del 2020 (que desgarró no pocas vestiduras, si existiera un campeonato de paroxismo seguramente seriamos campeones) simplemente sirve para dar cumplimiento –en la legislación secundaria- a la Constitución, cuya reforma de 2019 señalaba que en tanto se consolide la Guardia Nacional el ejército –para fines prácticos, los mismos que la Guardia Nacional pero sin gafete- realizará las funciones de seguridad pública e investigación y persecución de delitos, esto durante un periodo de cinco años, tiempo en el que se debe consolidar la Guardia Nacional con elementos del ejército y marina –como manda la Constitución y la Ley de la Guardia Nacional- para que el ejército (sin gafete) deje de realizar las funciones que deberá desempeñar la Guardia Nacional (el ejército con gafete).

En otras palabras estamos cambiando para seguir igual en materia de seguridad pública e investigación y persecución de delitos. Lo que acaso cambia es que el ejército y marina –sin necesidad del gafete de Guardia Nacional- ya pueden realizar tareas que antes realizaban pero estaban fuera del marco legal.

De ahí que para quienes piensas que se militarizará la seguridad pública, les podemos decir que se tranquilicen: ya estaba militarizada.

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