LIBERTAD BAJO PALABRA

Por:

Afortunadamente el Consejo de la Judicatura Federal que preside el Ministro Arturo Zaldívar, ha revertido una decisión adoptada por su antecesor Luis María Aguilar, que orilló a algunos jueces y magistrados a prescindir del apoyo para su seguridad personal.

Fue durante la presidencia de Aguilar Morales en la Suprema Corte que se impulsó un acuerdo para que juzgadores federales en situación de riesgo asumieran los gastos de gasolina de los vehículos escolta que los protegían. Esto provocó que pagaran con cargo a su sueldo el combustible y otros conceptos relacionados con el resguardo, medida que los hizo reconsiderar la seguridad personal. La gran mayoría de los impartidores de justicia viven honestamente, pertenecen a la clase media y tratan de generar ahorros a través de su salario. Salvo excepciones lamentables, me consta que la forma de vida de jueces y magistrados guarda parámetros similares a los de cualquier funcionario de la misma jerarquía en la administración pública federal.

La estrategia “ahorrativa” de Aguilar, operada por el consejero Jorge Cruz Ramos, uno de sus hombres más cercanos en la Judicatura, fue severamente cuestionada entre los afectados, según testimonios directos que me han sido confiados. El juez Uriel Villegas Ortiz, ejecutado junto a su esposa en Colima, se ubicó en ese supuesto de valoraciones personales que produjo el acuerdo en cuestión.

El asesinato que cimbró al Poder Judicial de la Federación provocó revisiones inmediatas sobre los instrumentos administrativos de protección especial a jueces bajo riesgo. Por eso la mala decisión adoptada en el periodo de Aguilar, fue revertida a través del oficio SEPLE./PLE./002/1942/2020 en poder de esta columna.

En sesión extraordinaria realizada el lunes 22 de junio se modificaron los “lineamientos para el otorgamiento de la ayuda económica para protección y seguridad en el traslado de titulares de órganos jurisdiccionales”. Ahora la dotación mensual de vales de gasolina de 5,600 pesos tendrá un incremento del 80% para los juzgadores que cuenten con resguardo especial, es decir ya no pagarán de su bolsa el combustible y gastos de escoltas. La coherente medida entró en vigor el pasado martes, el oficio fue firmado por Arturo Guerrero Zazueta, Secretario del Pleno del CJF con copia para los consejeros, incluido Cruz Ramos que debe estar reflexionando sobre lo que se pudo hacer mejor en la pasada administración.

•••
EDICTOS

De acuerdo a una fuente de alto nivel, lo que viene en Baja California para los 16 meses que le quedan al gobierno de Jaime Bonilla, conforme a la ruta crítica comentada a sus colaboradores de máxima confianza, plantea las siguientes acciones:

Disolver al Poder Judicial estatal, relevando a todos los magistrados locales.
Encarcelar a su antecesor Kiko Vega.
Cambiar a Tijuana la sede de la capital en Baja California, y una vez concluido su mandato, buscará la alcaldía de la nueva capital del estado.

thumb_up ¿Te gusta el contenido? Compártelo en tus redes sociales.

Danos tu opinión

Campos marcados con *son obligatorios, su correo no sera publicado.