RETOZANDO

Por:

En las últimas décadas han surgido infinidad de órganos del Estado, que se deduce gozan de una supuesta autonomía; sin embargo, en la práctica dicha libertad para actuar en el cumplimiento de su objeto, es nula o se convierte en parte de una parafernalia del mismo poder, que si bien pudieran no recibir línea para actuar en las decisiones que toman, pareciera que sus titulares saben qué hacer para no incomodar a los integrantes del gobierno en turno, podríamos decir que estos organismos, así como sus titulares actúan a “valores entendidos”, por ejemplo: puede darse el caso de un asunto que se asume como política de Estado, como son las Reformas constitucionales de la Educación, la energética, hacendaria u otras, que conviene al régimen establecido “no hacer tanto ruido” impidiendo que las quejas ciudadanas avancen, inhibiéndolas con actos retardatarios o convirtiéndolas en procesos “kafkanios” que pueden durar años o incluso décadas, una técnica tan usada en contra del inconforme o el quejoso; donde es más fácil que decline en su osadía de haber interpuesto una denuncia, queja, inconformidad o demanda, que continuar con gastos infructuosos y pérdida de tiempo; cuando se llega a este punto, esos organismos “autónomos” han cumplido con el objetivo de los “valores entendidos” para lo que fueron creados: un filtro para que las inconformidades no lleguen al gobierno establecido.

Hace días se convirtió en tema nacional el llamado Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); claro, esto derivado de que un cómico tocó las fibras más sensibles del Presidente de la República al haberse referido, reiteradamente, peyorativamente contra un miembro de su entorno familiar, y peor aún, que este organismo pretendiera darle participación en un foro organizado por éste; con ello se vino la rebambaramba que culminó con la renuncia de su titular y la amenaza de desaparecerlo por decreto presidencial, si estaba dentro de las facultades del primer mandatario, o colocar una persona, obvio, afín al Presidente y que conozca los “valores entendidos”: quien paga o pone, manda.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que saber que lo ocurrido es una práctica muy común, me atrevería a decirlo, en todos los organismos con apariencia de “autónomos”, que no lo son desde el momento que su salario se lo deben a quien les paga o a quien los puso en tal posición o a quien tiene la facultad de destituirlos, sea con el procedimiento que sea; evidentemente a ellos les deben el favor, obediencia o la consigna auto asignada de no perturbarlos con el cumplimiento de su deber.
En el régimen anterior del foxismo, calderonismo, peñismo e incluso de todos los sexenios anteriores ha sido una práctica de sistema, donde lo mismo las Comisiones de Derechos Humanos, nacional y estatales, el Instituto de Acceso a la Información, lo que fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y muchos otros que se han formado; los cuales, más que cumplir con su objeto social para lo que fueron creados se convirtieron en grandes estructuras burocráticas que absorben el presupuesto y socialmente no cumplen su objeto, la problemática subsiste: no hay justicia, ni protección de los derechos del ciudadano.

Así de la misma manera como muchos de esos organismos fue creado en 1963 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), a la par de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, supuestamente como “una institución que busca resolver con imparcialidad y prontitud los conflictos individuales, colectivos e intersindicales de los trabajadores de la Unión y del Distrito Federal”; cualquier trabajador que ve violados sus derechos y que recurre a este Tribunal en búsqueda de justicia, indudablemente se reiría, pues nada más alejado de la realidad lo que ocurre en el TFCA, donde una demanda puede durar más de doce años; esto es, más de un tercio de la vida laboral de cualquier trabajador; bastaría hacer una revisión de las estadísticas de los casos que ahí se llevan para observar: incumplimiento en los términos legales, tendencias a favor de las dependencias, la resolución favorable para el trabajador, únicamente a través del amparo ante el Poder Judicial de la Federación, todos saben: “en el TFCA lo pierdes, pero en los Tribunales Judiciales lo ganas”.

Entonces ¿de qué sirve un TFCA?, si no se ciñe a los términos que establece la Ley, no agota la búsqueda de la verdad, es comparsa de las dependencias públicas y de los sindicatos afines al gobierno, baste decir que depende administrativamente de la Secretaría de Gobernación, de la cual reciben sus salario; bajo ese criterio, la credibilidad está pérdida y en el TFCA un trabajador no encontrará la justicia; pero bueno, este organismo “autónomo” no ha tocado las fibras sensibles, que llenen de ira, del señor Presidente para hacer los cambios que garanticen la justicia y protección para el trabajador.

Es incuestionable, por verdadera, la posición crítica del Andrés Manuel López Obrador contra todos esos organismos, que son un exceso, que se convirtieron en entes burocráticos consumidores de presupuesto; pero eso no tendría que quedar en una crítica exteriorizada por la obnubilación derivada de la ira: debería de haber, en corto plazo una revisión de todos esos organismos y en lo concerniente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tomar medidas para que sea una verdadera institución judicial y no del Ejecutivo, que haga justicia y dé protección al trabajador con base a criterios jurídicos y no derivados de la politización de los asuntos o del momento.

thumb_up ¿Te gusta el contenido? Compártelo en tus redes sociales.

Danos tu opinión

Campos marcados con *son obligatorios, su correo no sera publicado.