Desde hace más de 25 años sé de la existencia de la extorsión en México, particularmente la que se orquesta desde el interior de los reclusorios.
Recuerdo bien cuando un hombre, íntegro y preparado, egresado del Instituto Politécnico Nacional, me contó cómo, tras caer injustamente en prisión por el señalamiento de alguien que simplemente lo odiaba, vivió cinco años en el Reclusorio Oriente. Desde dentro, fue testigo de cómo varias celdas se convertían en oficinas de extorsión.
Presos que, con entrenamiento y sangre fría, fingían la voz de niños, adolescentes, mujeres o ancianos, llamaban a desconocidos para contarles historias falsas de secuestros. Lo hacían sin nada de realismo, incluso algunos hasta les ganaba la risa, pero lograban su objetivo: obtener un depósito inmediato.
Si se ponía atención en esas llamadas, se podía escuchar de fondo a otra persona oresa extorsionar. “Era muy ridículo verlos engañar burdamente a sus víctimas”, me dijo, “y lo peor es que funcionaba”.
Hoy nos anuncian con bombo y platillo una Estrategia Nacional contra la Extorsión, con inteligencia y operativos como si fuera algo nuevo. Pero quienes hemos cubierto estos temas por años, sabemos que las autoridades llevan tiempo reconociendo que gran parte de las extorsiones telefónicas provienen de las cárceles. ¿Qué se necesita realmente para terminar con esto? Tan simple y tan complejo como combatir la corrupción. Nada menos.
Desde 2010, por ejemplo, se colocaron bloqueadores de señal en el Reclusorio Norte. Una empresa privada, cuyo nombre fue protegido por “seguridad”, instaló los equipos. ¿El resultado? Los aparatos nunca funcionaron. Al inicio bloquearon tanto que dejaron sin señal a los vecinos de las colonias cercanas, y al reducir la intensidad, se generaron “zonas ciegas” dentro del penal, que los presos identificaban y usaban para seguir operando.
Ahora se nos dice que vienen operativos para sacar los teléfonos que, todos lo sabemos, están bajo el control de los capos… y con complicidad de custodios. Veremos si puede con eso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Yo estaré atenta.
Pero hay otro rostro de la extorsión, el más brutal y directo: la física. Esa que se presenta cara a cara en mercados, tianguis y negocios de barrio.
En el Estado de México es algo conocido: vendedores ambulantes, locatarios, incluso mujeres que hacen quesadillas o venden pepitas en la calle, son obligados a pagar una “renta”. Una cuota semanal que recogen personas armadas o emisarios designados, incluso representantes de los propios grupos de comerciantes, quienes entregan sobres o números telefónicos para coordinar los pagos.
En lugares como Michoacán, la situación fue aún más grave: limoneros, aguacateros, hasta gente común en sus casas eran visitados por criminales para exigirles dinero. Así, sin intermediarios, sin anonimato.
La extorsión ha sido, sin duda, uno de los delitos que más crecieron durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió la política de “abrazos, no balazos”. Mientras tanto, miles de víctimas vivieron y siguen viviendo el infierno de ser amenazadas por grupos criminales que no solo actúan con impunidad, sino con complicidad. Y también hay casos en que quienes se dicen que son integrantes de carteles y grupos de la delincuencia organizada, no lo son.
Hoy nos prometen que todo cambiará, que ahora sí habrá inteligencia, coordinación, detenciones y justicia. Ya hemos visto esfuerzos similares antes, que con el tiempo se desvanecieron. Ojalá esta vez sea diferente. Porque este país, tan golpeado y tan cansado, necesita que la extorsión deje de ser negocio.
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