En el estado de Campeche, los alcaldes de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Palizada, emanados de Morena y Movimiento Ciudadano —coludidos desde las cúpulas de poder— han levantado un blindaje institucional con sus bancadas en el Congreso del estado que los protege de cualquier intento de ser removidos pese a los despidos injustificados de decenas de trabajadores municipales.
Lejos de asumir responsabilidad frente a los despidos masivos de personal operativo —muchos de ellos cesados sin sustento legal ni indemnización—, los munícipes se cubren con el divino manto Morenista y aunque un juzgado de Distrito había ordenado ya separar de su cargo a Mariela Sánchez Espinosa alcaldesa de Tenabo, quien no solo se negó a conciliar, resarcir el daño a aquellos que despidió injustificadamente y a la orden de reinstalar en su cargo a multiples trabajadores de su municipio, desobediendo las ordenes del Tribunal de Conciliación estatal, y aunque el caso fué conocido y criticado por la opinión pública, tanto ella com los otros 3 alcaldes fueron protegidos por los legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, del Partido Verde y del PT, que cerraron filas y desecharon la orden del Tribunal.
La ausencia de sanciones, de alguna investigación interna o de reclamo público oficial, revela no una falla administrativa, sino un pacto de silencio. No es casualidad que aquí los despidos no trasciendan más allá de los micrófonos de los afectados.
El discurso oficial sobre “transparencia” y “justicia laboral” contrasta con la realidad. Los alcaldes permanecen en sus cargos gracias al control que ejercen sobre instancias partidistas —bajo el argumento de que se está iniciando “una transición democrática”. Sin embargo, la lógica es otra: más allá de retórica, lo importante es mantener estructuras de poder, envueltas en discursos absurdos y negando los derechos fundamentales de los trabajadores.
Mientras tanto, los trabajadores despedidos —sin representación o amparo legal efectivo— han lanzado sus quejas a través de medios y redes, pero el escudo local permanece firme. No hay gestación de procesos de remoción, ni denuncias ante contraloría, ni participación ciudadana con peso jurídico. El entramado se resuelve de puertas adentro: “no molesten” y los “alcaldes se quedan” son los mensajes implícitos.
La ciudadanía observa, indignada ante la sobreexposición mediática, sin embargo, sin canales claros para demandar justicia. Los mecanismos de revocación, consulta o sanción carecen de aplicación en la práctica. El populismo, que llegaba prometiendo transformación, se olvida de los humildes despedidos.
El blindaje político que protege a los alcaldes en Campeche evidencia una maquinaria partidista —que pocos cuestionan— y que acelera la impunidad desde la esfera estatal. Mientras se entonan himnos de cambio y justicia, la administración local sepulta voces: trabajadores sin empleo, sin derechos, sin opción. Y aunque algunos, alzan la voz, el sistema sigue intacto.
No se trata solamente de Morena, se trata de cómo sus aliados entre ellos Movimiento Ciudadano, quienes se siguen llamando así mismos opositores, avalan sin razón alguna, cualquier iniciativa que venga de Morena, protegen a malos funcionarios, blindan en todos los estados a los políticos corruptos y poco preparados.Y en Campeche, esa protección silenciosa es el verdadero síntoma de la descomposición social que ha causado el gobierno de Layda Sansores
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