Este mes de agosto, al conocer que tres de los narcos más poderosos de México —Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes— lograron evitar la pena de muerte que la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, había solicitado, me surgió la duda acerca de la pena capital y su historia en ambos países.
En el caso de estos tres grandes capos, quienes se encuentran presos en el país de las barras y las estrellas, especialistas sugieren que pudo tratarse de una negociación en la que los narcotraficantes se comprometieron a señalar autoridades vinculadas con el crimen organizado.
De “El Mayo” se espera más: Que aporte pruebas, conversaciones grabadas con políticos.
la pena de muerte en México tiene raíces profundas. Remonta incluso a las épocas prehispánicas, donde castigos extremos como descuartizamientos, decapitaciones, lapidaciones y garrote se aplicaban por delitos como adulterio o embriaguez. Durante el periodo colonial, la pena capital coexistió con torturas y marcas públicas. Tras la Independencia, códigos penales como el de Veracruz en 1835 regularon su aplicación, incorporando medidas para hacerla “menos cruel”, aunque siguió vigente en delitos graves y contra insurgentes. La última ejecución civil en México se registró en 1937 y la última militar en 1961. Desde entonces, el país transitó hacia la abolición definitiva, culminando en 2005 con reformas constitucionales que la prohibieron en todos los ámbitos y ratificación de tratados internacionales en favor de los derechos humanos. Hoy, México mantiene una postura abolicionista y promueve la erradicación de la pena capital globalmente.
En contraste, Estados Unidos mantiene la pena de muerte vigente en 27 estados y a nivel federal. La inyección letal es el método más común desde 1982, aunque algunos estados recurren a la silla eléctrica, la cámara de gas o el fusilamiento. Cada ejecución genera debate sobre su eficacia, la posibilidad de errores judiciales y los sesgos raciales y socioeconómicos implicados. Mientras en México la sociedad y los legisladores se inclinan hacia la abolición, en Estados Unidos la discusión sigue polarizada: hay quienes la consideran un castigo proporcional para crímenes atroces y quienes la ven irreversible, costosa y violatoria de derechos humanos.
La historia de la pena de muerte, tanto en México como en Estados Unidos, me recordó que la justicia no solo depende de la ley escrita, sino también de las negociaciones, las prácticas culturales y la percepción social sobre lo que es un castigo justo.
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