La isla de Cozumel, bajo la gestión de la alcalde Juana Alonso Marrufo, ha estado inmersa en una zona de violencia y saqueos.
La detención de inocentes, robos de dinero y joyas en diversos domicilios, y varios ciudadanos atropellados y arrastrados por vehículos conducidos por elementos de la Fiscalía General del Estado en Cozumel.
Robos, balazos, secuestros, vehículos incendiados, nubes de humo, violencia y desestabilización social sacuden la Isla de Cozumel, un municipio dominado por el crimen organizado, específicamente el Cártel de Sinaloa.
La noche del lunes 4 de marzo, cuando, ante la creciente presión de la sociedad por la sangre derramada en Cozumel, las autoridades emprendieron una simulación de trabajo, llevando a cabo cateos y despojando a la ciudadanía de sus bienes, mientras detienen a ciudadanos inocentes, todo con el propósito de aparentar actividad.
Para la ciudadanía ya es evidente que el crimen organizado tiene un fuerte control en este idílico municipio caribeño, con la aquiescencia del gobierno estatal y municipal, quienes no solo han pactado con los líderes del narcotráfico, sino que también han dejado a la población en total desamparo.
La noche del 4 de marzo, en la colonia Diez de Abril, agentes ministeriales llevaron a cabo un cateo irregular a bordo de un jeep de color gris, propiedad de una empresa de alquiler. Los medios de comunicación acudieron al lugar y documentaron cómo los agentes saqueaban dinero y joyas de la dueña de la vivienda, mientras se escondían dentro del vehículo.
Cansados de las constantes ejecuciones, extorsiones y la corrupción en todos los niveles gubernamentales, los ciudadanos estallaron en cólera y obligaron a los policías a retirar los sellos de la Fiscalía de la vivienda. Sin embargo, se negaron a devolver los 30 mil pesos y las joyas que la mujer afirmaba les habían sido robados, desencadenando una confrontación que terminó en enfrentamientos físicos. Los ocupantes del jeep huyeron, arrastrando a varias mujeres que intentaban detenerlos.
La multitud enfurecida los persiguió con palos y piedras, y en respuesta, los ministeriales sacaron armas y dispararon a varias personas sin lograr herirlas. También apuntaron sus armas a varios reporteros, incluida la colega Silvia Peraza, en medio del caos y los disparos que duraron varios minutos.
Decenas de ciudadanos se dirigieron a la Fiscalía General del Estado, pero simultáneamente, en varios puntos de la ciudad, se incendiaron varios vehículos con bombas tipo molotov, presumiblemente para distraer la atención mientras se escondía el jeep gris en la fiscalía y se descargaba el botín obtenido en dicha operación.
La ciudadanía permaneció temerosa ante los violentos sucesos provocados por elementos de la Policía Municipal, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional.
Estos eventos ocurren apenas dos días después de la última ejecución en un negocio de carnitas durante el fin de semana pasado, y a un par de semanas después de que el crimen organizado dejara una narcomanta dirigida a la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo, exigiendo el cumplimiento de acuerdos con la gobernadora Hermelinda Lezama, conocida como Mara Lezama, quien insiste en no estar siendo investigada por la DEA pese a evidencias dadas a conocer por Los Ángeles Press, ni tener vínculos con el crimen organizado.
La narcomanta menciona lo siguiente para la gobernadora: “Fiscalía y gobernadora tienen 24 horas para soltar a Alan Magaña y Ramón Estrella comandante, expondremos sus llamadas de nuestros tratos y los que veres que tiene con Cristina yo cumplí con ustedes gobernadora nos hundiremos todos con todo y su comandante ya mataron a uno de nuestra familia y no está cumpliendo con la protección” (sic).
Cozumel es uno de los municipios donde el crimen organizado financia campañas políticas para mantener el control de la plaza, y el Cártel de Sinaloa se queja de que los acuerdos no se han cumplido, acusando a la gobernadora y a la alcaldesa de haber entregado la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El problema radica en que, entre sus acuerdos y tratos, el gobierno estatal, municipal y los carteles de la droga están afectando a más de 130 mil habitantes que residen en Cozumel.
Quintana Roo carece de control político y de seguridad, todas las instituciones de los tres niveles de gobierno están implicadas con el narcotráfico y, peor aún, como en Veracruz o Tabasco, para aparentar que están trabajando, comienzan a levantar a ciudadanos comunes, sembrándoles drogas con el fin de simular que están combatiendo al crimen organizado y dando resultados.
Como es habitual, ni la alcaldesa Juana Alonso Marrufo ni la gobernadora Hermelinda Lezama, ambas del partido MORENA, han salido a enfrentar públicamente la situación ni han dado declaraciones sobre los hechos acontecidos.
De manera preliminar, se puede mencionar que hay tres atentados con bombas a vehículos particulares en distintos puntos de la ciudad, varios detenidos cuyo número aún no se puede precisar, presentados ante la Fiscalía, 12 domicilios cateados, de los cuales en 7 se encontraron drogas y armas, pero en 5 solo se dedicaron al saqueo, robo, agresión y secuestro indiscriminado de personas.
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