“México merece saber por qué en Pemex está sucediendo esto donde se da privilegios a empresas que luego ayudan a la familia del Presidente”, demandó el líder de la bancada panista en el Senado de la República Julen Rementería del Puerto.
Senadores y senadoras exigieron que se discutan los puntos de acuerdo que se han enlistado sobre la presunta corrupción y conflicto de intereses del hijo del presidente López Obrador
La senadora Kenia López Rabadán exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se apegue a nuestro marco normativo y cese la persecución contra los periodistas que revelan la corrupción del gobierno, ya que descubrió su peor rostro, el de un aspirante a dictador que utiliza a las instituciones y viola la ley con tal de realizar sus caprichos personales, añadió.
“El enojo presidencial se debe a que se hizo público que su hijo mayor está siendo favorecido por una empresa contratista del gobierno. Por más de 20 años, López Obrador nos ha recetado discursos basados en la austeridad, en el combate a la corrupción, en la eliminación de los privilegios y hoy, su propia familia le ha tumbado este discurso”, señaló López Rabadán.
Respecto al comunicado publicado emitido por el hijo mayor del Presidente de la República, indicó que “es un tropiezo”.
Según se lee en el texto, el hijo del Presidente afirma que trabaja como asesor legal en una empresa con más de 40 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios de lujo, sin embargo, su registro data de 2018 y la adquisición de su dominio en internet es de 2019.
La vicecoordinadora del GPPAN señaló que a López Obrador se le ha olvidado que es un servidor público y que como tal, tiene responsabilidades y no puede violar los derechos de los ciudadanos.
Por su parte la senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigue el presunto conflicto de interés del presidente López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán.
La denuncia detalla que el pasado 13 de febrero el hijo del Primer Mandatario reveló, tras el escándalo de la “Casa Gris”, que trabaja en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien el Presidente había nombrado como supervisor del Tren Maya.
También, indicó la senadora, considera diversos preceptos legales que se estiman aplicables y que la Secretaría deberá ponderar en su investigación, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 3, que
se entenderá por conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
Asimismo, dijo, el artículo 52 que establece que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
“No cabe duda, mientras más explican más se hunden. Primero el hijo del Presidente vivió en una casa de quien fuera un alto directivo de una empresa con contratos millonarios de Pemex y ahora confirma que el hijo trabaja en una empresa de la familia Chávez, cuyo empresario es supervisor del Tren Maya”, concluyó la senadora Xóchitl Gálvez.