La propuesta actual de la Reforma Electoral retoma pilares centrales de la iniciativa electoral impulsada en 2022 por Andrés Manuel López Obrador, como reducir el financiamiento público a partidos, eliminar legisladores plurinominales y recortar el presupuesto del INE.
Es básicamente un refrito del “Plan A” que fue rechazado en su momento por falta de apoyo legislativo, y en gran parte anulado por la Suprema Corte de Justicia por generar retrocesos democráticos más que avances.
Con Pablo Gómez al mando, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que fue creada, ojo por decreto presidencial, no por concenso popular, ó por lucha social, sino Institucional, vertical y sin mediadores, para hacernos creer que habrá algun debate sobre la iniciativa de la Presidenta Scheinbaum, que tendrá que ser aprobada antes de que finalice el siguiente periodo de sesiones y que supuestamente avala la participación ciudadana mediante encuestas y foros, pero que todos sabemos que terminará siendo votada por su mayoría legislativa sin dilación tal cual la está “decretando”.
A todas luces los lntegrantes del comité provienen directamente del equipo corto de Presidencia, de los únicos personajes a los que la Presidenta les tiene confianza, Rosa Icela, Lázaro, Ernestina, Merino y para acabar con el cuadro Arturo Zaldivar sin representación efectiva de partidos aliados y ni hablar de incluir a cualquier opositor real.
La críticas a la misma no se han dejado esperar, El PAN ha denunciado la ausencia de diálogo y riesgo de imposición sin consenso.
El coordinador de los Diputados del PRI, Rubén Moreira dijo que estamos ante el avance de un poder que pretende quedarse con el control absoluto de las elecciones.
Lo que no sorprende es que el PT y el PVEM —esenciales para alcanzar la mayoría calificada— rechazan puntos clave como la eliminación de plurinominales y reducción de financiamiento, y exigen garantías de equidad antes de respaldar la reforma, más que evidente al pensar que si les quitan las plurinominales la mitad de sus legisladores desaparecería y la broma de que personajes como Fernández Noroña, o Manuel Velasco acepten reducir su presupuesto se cuenta sola, sin embargo ya se deben estar dando los pactos en lo oscurito para garantizarles sus prevendas a los dos aliados tradicionales, mientras ahora si desdibujan quitandole el presupuesto a Panistas, Priístas y Emecistas.
Incluso desde MORENA, Ricardo Monreal que regreso de Madrid muy gallito y respondón, alerto sobre el peligro de no incluir a los aliados en el comite redactor, claro que por aliados seguramente Ricardo entiende a los de López Obrador por que la lista de Doña Claudia excluye obradoristas, verdes y petistas.
Expertos y consejeras del INE, advierten sobre el riesgo de minar la autonomía del instituto y la pluralidad legislativa al eliminar plurinominales sin ofrecer mecanismos compensatorios que garanticen representación diversa. Además, la posibilidad de transformar el INE en un INEC aún más centralizado y controlado por Morena está incitando al pánico a aquellos que un día creyeron en la independencia electoral e incluso a sus aliados que parece ser dejarán de tener juego al eliminar las pluris.
Aunque se han anunciado foros y encuestas para legitimar socialmente la reforma, organizaciones civiles y especialistas han denunciado que esos ejercicios pueden servir más como decoración que como verdaderas consultas deliberativas, al tiempo que se mantiene el control de diseño político exclusivamente a la Presidencia.
La iniciativa actual ofrece una apariencia de participación ciudadana, pero arrastra los mismos problemas del Plan A: imposición política, riesgos para la pluralidad y autonomía institucional, exclusión de aliados y ausencia real de diálogo amplio. Más que una reforma participativa, parece una fórmula revisitada, diseñada desde arriba y sin consensos suficientes, emanada de un sistema cada vez más descaradamente autoritario.
