Las autoridades federales y estatales han intensificado sus esfuerzos para atender los problemas de seguridad en el país, especialmente el delito de extorsión, que va en aumento en casi todas las entidades y afecta de manera directa la economía de los pequeños negocios, principales blancos de estos delincuentes.
Esta semana se aprobó una iniciativa para que la extorsión sea investigada de oficio, es decir, que la víctima no tenga que presentar denuncia para que se inicie una carpeta de investigación. Sin embargo, este delito suele generarse desde el interior de los penales, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario.
En el Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, operan grupos de reclusos dedicados a la extorsión. Se sabe que utilizan decenas de teléfonos móviles para realizar llamadas en distintos turnos, incluso en horarios prohibidos. Algunos internos son sacados de sus celdas por la noche o madrugada y llevados a un pasillo con ventanas enrejadas, donde cuelgan sus celulares para facilitar la marcación y evitar el cansancio de sostenerlos. Para amortiguar el sonido y no delatar la actividad de otros extorsionadores cercanos, se cubren con cobijas que también les ayudan a crear eco.
Víctimas de extorsión desde penales han señalado que, al poner atención, es común escuchar de fondo otras voces realizando llamadas similares. Un ejemplo de la violencia que rodea estas operaciones ocurrió en agosto pasado, cuando un interno fue herido con arma blanca alrededor de las dos de la mañana.
Estas actividades son posibles debido a la corrupción al interior del penal. Según testimonios, los líderes criminales pagan a mandos penitenciarios para operar con libertad. Cuando surge una irregularidad grave que no puede ocultarse, como la agresión al interno, la responsabilidad suele recaer en custodios de menor rango, quienes deben explicar por qué los reclusos estaban fuera de sus celdas. Esta situación coloca a los custodios en riesgo de ser investigados o detenidos, y ha provocado que varios de ellos consideren renunciar antes de fin de año.
Además de las extorsiones, se reportan privilegios para ciertos internos, como la construcción de un temazcal dentro del reclusorio para dos miembros de cárteles. También se ha denunciado la venta de pases de visita por entre 3,000 y 5,000 pesos, lo que permite el ingreso de invitados de los líderes criminales sin el registro correspondiente.
En las áreas de visita familiar, antes llamadas conyugales, se han documentado fiestas en las que participan mujeres contratadas, proveedores de alimentos y parrilleros. Estas reuniones incluyen música, alcohol y drogas, y sus ruidos llegan hasta las oficinas administrativas.
Custodios aseguran sentirse desautorizados y consideran que la situación empeoró desde que la Secretaría de Seguridad Ciudadana asumió el control del sistema penitenciario.
