Periodismo bajo fuego: seis asesinatos en 2026 desafían el discurso oficial
Con el asesinato de Alejandro Leyva en Oaxaca, México suma seis periodistas asesinados en 2026 y 180 desde el año 2000, de acuerdo con ARTICLE 19. El crimen vuelve a exhibir la contradicción entre el discurso oficial de una seguridad en recuperación y la persistencia de una impunidad que mantiene al periodismo como una de las profesiones más peligrosas del país.
El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca volvió a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿de qué sirve que las estadísticas oficiales reporten menos homicidios si quienes investigan al poder siguen siendo ejecutados a plena luz del día?
Lo cierto es que, el asesinato al comunciador volvió a exhibir una realidad que ningún gobierno ha logrado revertir: ejercer el periodismo en el país continúa siendo una actividad de alto riesgo y, en la mayoría de los casos, matar a un comunicador sigue siendo un delito que rara vez encuentra justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), un procedimiento que se ha repetido en numerosos casos. Sin embargo, la experiencia de las últimas dos décadas muestra que la federalización de los expedientes no ha significado, necesariamente, el fin de la impunidad.
Las cifras de ARTICLE 19 son contundentes: desde el año 2000 la organización ha documentado 180 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor informativa. Sólo en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum suman 13 comunicadores asesinados; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron 47, la misma cifra registrada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que Felipe Calderón cerró con 48, el registro más alto.
Los números revelan una constante que trasciende administraciones: cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero la violencia contra la prensa permanece. El caso de Leyva se suma a los asesinatos de Carlos Castro, Luis Ángel López, Roxana Rivera y Josué Martínez Contreras, este último ejecutado frente a su hijo de 13 años, mientras que López contaba incluso con medidas de protección para periodistas. Tres de los homicidios ocurrieron en Veracruz, el estado que ARTICLE 19 identifica como el más letal para la prensa, con 33 periodistas asesinados, una violencia que se consolidó durante el gobierno de Javier Duarte, pero que nunca desapareció.
El problema va mucho más allá de las cifras. Cada asesinato representa un mensaje de intimidación para quienes investigan corrupción, crimen organizado, abuso de poder o violencia. Cuando un periodista es silenciado, también se limita el derecho de la sociedad a estar informada.
Paradójicamente, el homicidio de Leyva ocurre en el contexto en que el gabinete de seguridad difundió una nueva reducción en los homicidios dolosos. El reporte oficial señala que en los primeros siete meses de 2026 se contabilizan 9 mil 719 asesinatos, una disminución de 41% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el promedio del sexenio se ubica en 66 homicidios diarios, con 43 mil 467 víctimas acumuladas en 660 días de gobierno.
La reducción estadística, sin embargo, convive con otra realidad: la violencia sigue concentrándose en entidades como Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Sinaloa, mientras que periodistas continúan siendo blanco de ataques directos. Tan sólo en la última jornada se registraron 54 homicidios dolosos, de los cuales casi la mitad ocurrieron en Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato.
La contradicción resulta inevitable. Mientras el gobierno sostiene que la estrategia de seguridad comienza a ofrecer resultados, las organizaciones especializadas advierten que la violencia contra periodistas mantiene un patrón constante y que la impunidad continúa siendo la regla más que la excepción.
La Suprema Corte ha establecido que periodista es toda persona que difunde información de interés público, sin importar el medio en el que trabaje. Bajo ese criterio, cada homicidio representa mucho más que la pérdida de una vida: constituye un atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada.
La atracción del caso por parte de la FGR puede convertirse en una oportunidad para romper esa cadena de impunidad. Pero el desafío ya no consiste únicamente en identificar a los autores materiales. La verdadera prueba para el Estado mexicano será demostrar que, por primera vez en muchos años, el asesinato de un periodista no termina convertido en otra estadística que se suma a una lista de 180 nombres que siguen recordando que, en México, informar continúa costando la vida.
Ernesto Madrid
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