Pegasus garantiza impunidad a EPN
Es EPN: La reciente reaparición pública del expresidente Enrique Peña Nieto ocurrió a finales de agosto de 2026 en la exclusiva localidad de Portofino, Italia. Durante este evento, correspondiente a la boda del cantante israelí Omer Adam, el exmandatario fue captado en video usando un kipá y conviviendo con Avishai Neriah, un empresario vinculado a la comercialización del software Pegasus. Sobre este contexto, es importante precisar la histórica adquisición y el despliegue del sistema Pegasus para intervenir las comunicaciones de rivales políticos, activistas y periodistas ejecutada durante el propio mandato de Peña Nieto (2012-2018), y no durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque las repercusiones y descubrimientos del caso trascendieron a la actual administración. La presencia del expresidente en este evento social de alto perfil, compartiendo espacio de manera amistosa con los mismos contratistas que se beneficiaron de millonarios presupuestos de seguridad pública durante su gobierno, reavivó de inmediato el debate sobre las relaciones de complicidad forjadas desde las instituciones del Estado. Las imágenes, difundidas rápidamente a través de las redes sociales, recordaron a la opinión pública mexicana que los arquitectos y beneficiarios de una de las redes de espionaje más invasivas de la historia reciente del país mantienen intactos sus vínculos en las esferas más exclusivas a nivel internacional, muy lejos del escrutinio judicial y del alcance de las autoridades mexicanas.
Su espionaje: El sistema Pegasus favoreció a la administración de Peña Nieto otorgándole una herramienta militar de cibercrimen capaz de infiltrar dispositivos móviles sin dejar rastro, lo que le permitió un control casi absoluto de la información y una ventaja asimétrica sobre cualquier voz crítica u oposición política. A cambio de proveer esta tecnología, los contratistas como Neriah presuntamente obtuvieron jugosos contratos gubernamentales por decenas de millones de dólares, operando mediante esquemas opacos que facilitaban la discrecionalidad de los recursos. A pesar del cambio de régimen en 2018 y de las promesas iniciales de erradicar el espionaje gubernamental, diversas investigaciones de organizaciones civiles y periodísticas documentaron que el uso de Pegasus no desapareció en la actualidad; por el contrario, a la fecha se sigue empleando bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para intervenir comunicaciones en el actual gobierno. Esta continuidad operativa del sistema alimenta las teorías sobre un posible acuerdo de transición entre ambas administraciones; un entendimiento no escrito en el que la transferencia de poder incluyó la no persecución de las más altas esferas del gobierno saliente, compartiendo o heredando infraestructuras de inteligencia y bases de datos que resultan demasiado valiosas, sensibles y poderosas para cualquier Estado, independientemente de su afiliación partidista en turno.
Trascendió: Considerar que la influencia derivada del control de Pegasus es una garantía absoluta y literal de impunidad para Enrique Peña Nieto resulta en una afirmación compleja que mezcla la realidad operativa con el análisis político especulativo. En la práctica del poder, poseer o disponer de acceso a los miles de archivos de información íntima, financiera y política de aliados y adversarios —incluyendo a miembros prominentes del movimiento que actualmente gobierna— funciona como un indudable mecanismo de disuasión. Es lo que en la jerga de los aparatos de inteligencia se conoce como una “póliza de seguro”, donde el riesgo latente de una filtración masiva de secretos de Estado o escándalos personales desincentiva cualquier intento de persecución judicial, cacería de brujas o venganza política. Sin embargo, la falta de acción legal en contra del expresidente se sostiene sobre pilares mucho más estructurales que un simple software de intervención telefónica; obedece también a las debilidades sistémicas de las instituciones de procuración de justicia en México, a los altísimos costos políticos que implicaría procesar penalmente a un exjefe de Estado, y a los históricos pactos de estabilidad que suelen caracterizar a las élites políticas del país. En este sentido, el software de espionaje no es el escudo legal en sí mismo, sino un componente más dentro de una sofisticada red de secretos compartidos y equilibrios de poder que garantizan que el expresidente pueda mantener un estilo de vida de lujo en el extranjero sin enfrentar consecuencias penales por las controversias de su mandato.
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