Desde la desaparición de 43 estudiantes de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, los gobiernos federales respectivos y las autoridades se han encargado de dar atole con el dedo a los familiares y no se ha resuelto lo que sucedió con los jóvenes ese entonces. Al contrario, el caso se ha enredado mucho más.
A pesar de la detención de exfuncionarios de alto nivel, como el exprocurador Jesús Murillo Karam, de exgobernadores como Ángel Heladio Aguirre Rivero, del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y de miembros de las fuerzas armadas, el caso sigue sumido en la impunidad debido a la falta de transparencia, dicen que principalmente del Ejército, pese a que los familiares marchan cada mes con la exigencia de la verdad.
Los propios estudiantes de Ayotzinapa, las madres y padres de las víctimas, la ciudadanía en las redes sociales fueron los primeros en señalar que la desaparición de los normalistas había sido un crimen de Estado, es decir, que el delito fue cometido por las propias autoridades, servidores púbicos y fuerzas de seguridad, o por particulares que actuaron con el consentimiento, la complicidad o la omisión del gobierno.
El gobierno de México reconoció por primera vez esta postura de “Crimen de Estado” en agosto de 2022 con Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Encinas vislumbró en su momento que miembros del Ejército habían sido los responsables de la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, descartó la posibilidad de que las fuerzas armadas tuvieran qué ver en el caso. Durante su sexenio, en múltiples ocasiones afirmó que, tras una búsqueda exhaustiva de información, no encontró “absolutamente nada” que involucre en forma directa a los militares en el crimen de Iguala. AMLO se fue de la presidencia con la promesa no cumplida de aclarar la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
En su recomendación 208VG/2026, en un grueso documento de más de 800 páginas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos descartó de plano la intromisión del Ejército en el caso. Incluso señaló que la hipótesis de participación militar en los sucesos de septiembre de 2014 desvió las investigaciones que debieron enfocarse con mayor rigor, según la Comisión, en las policías municipales, las autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tampoco ha habido resultados concretos para saber que sucedió con los estudiantes aquella noche de 2014. El tema se ha convertido en un asunto político de discursos, buenas intenciones, falsas pistas y detenciones inconcebibles como la del exgobernador Aguirre Rivero con la acusación absurda de haber destruido videos de aquella época, algo parecido al encarcelamiento de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la república, por supuestamente haber mentido en sus declaraciones sobre la desaparición de los jóvenes.
Así que conforme pasa el tiempo, la verdad de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa está más lejana de encontrar, por lo que parece. Mientras tanto, a los familiares, que tienen 12 años con la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos, les siguen dando más atole con el dedo.
Por Ricardo Burgos Orozco
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